Hacienda echa el freno al Plan de Infraestructuras de Blanco

Pero José Blanco estaba tranquilo o, al menos, eso aparentaba. Poco después de presentar en el Congreso de los Diputados el listado con los proyectos que se disponía a apartar al limbo de las rescisiones, trató de apaciguar a las constructoras distribuyendo un nuevo documento con las obras que en 2010 se iban a licitar en el marco del PEI (Plan Extraordinario de Infraestructuras), un programa de inversión pública y privada con el que esperaba movilizar 17.000 millones de euros hasta 2011. Y ahora, el plan se ha dado de bruces con el Ministerio de Economía.

Según indican fuentes próximas a las negociaciones, «la mayor parte de los pliegos ya están disponibles», pero el gabinete de la ministra Elena Salgado se muestra reacio a toda inversión que suponga un desembolso para las arcas públicas.

El «no» de Salgado

La aprobación el año pasado de una norma por la que Hacienda supervisa todas las inversiones en obra pública superiores a los 12 millones de euros ha paralizado casi por completo el proceso. «El Ejecutivo examina con lupa cada uno de los pliegos», destacan desde el sector.

Desde mayo de 2010, cuando entró en vigor un Real Decreto para introducir nuevas regulaciones en los contratos de colaboración público-privada, este tipo de proyectos requieren un «informe preceptivo y vinculante» del Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se examinan «las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva», así como «su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria».

Con el crédito financiero paralizado y unas medidas de austeridad cada vez más rigurosas, poco puede hacer la Administración para ocultar unas dificultades que, con nitidez, saltan a la vista.

Incluso, el presidente de la gran patronal de las constructoras (Seopan), David Taguas, urgió la pasada semana a la «fundamental puesta en marcha» del plan y reconoció que «tiene muchos problemas».

Y lo cierto es que durante el año que ha transcurrido desde la aprobación del PEI el Gobierno sólo ha logrado lanzar dos de los siete proyectos ferroviarios cuya licitación estaba prevista para 2010: la plataforma logística de Aranjuez, un pequeño concurso con una inversión inicial de 14 millones, y el mantenimiento del tramo del AVE entre Albacete y Alicante, con un presupuesto superior a los 446 millones de euros.

Fuentes financieras señalan que el interés existe y que algunas empresas de mediano tamaño han optado por unirse en consorcios para participar en los concursos, especialmente en los proyectos del operador ferroviario (ADIF), a los que no afectan las restricciones del cómputo del déficit.

Pero los avances, de momento, son modestos. El resto de las obras proyectadas se mantienen en espera, encabezadas por la autovía A-66 y el AVE a Galicia, que ya han sido anunciadas en el Boletín de las Comunidades Europeas, paso previo a su licitación (eso sí, de fecha indeterminada).

Fricciones regionales

Otro de los principales inconvenientes reside, también, en el habitual equilibrio político que implican este tipo de inversiones. «Resulta difícil compaginarlo todo, poner de acuerdo a todos los agentes autonómicos, institucionales y empresariales», indican estas fuentes.

Desde el sector, además, se ve en la cercanía de las elecciones autonómicas un pretexto más que justificado para recuperar algunas de las obras reprogramadas y confiar en la recuperación de las inversiones. «El PEI es una fórmula necesaria, indispensable para reactivar la construcción nacional. Cuenta con proyectos interesantes, sobre todo en la red ferroviaria», subraya Pedro Luis Michelena, presidente del Foro PPP, asociación de compañías privadas interesadas en promover la inversión.