Tras más de un año de crisis histórica en la Eurozona, en la que se ha tenido que acudir al rescate de dos países (Grecia e Irlanda) y que puso en riesgo la supervivencia de la propia moneda única en mayo del año pasado, los líderes europeos han decidido finalmente dar un paso al frente y empezar a defenderse, con el permiso de Alemania, claro.
En la madrugada de ayer, y después de horas de tensas negociaciones, la Eurozona aprobó contra todo pronóstico y con fórceps un aumento de la capacidad real del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Hasta ahora, de los 440.000 millones que tenía de la parte que aporta la UE, en realidad, sólo estaban operativos alrededor de 225.000, debido a las férreras garantías con que se constituyó para poder recibir la calificación crediticia de triple A.
Esta decisión es crucial, porque supone lanzar el mensaje a los inversores de que la zona euro saldrá sin ninguna duda a defender a cualquiera de sus socios que sea atacado en los mercados, o lo que es lo mismo, a los que se les exija precios muy altos por la colocación de sus títulos de deuda.
Además, y por si lo anterior se quedara corto, se permitirá a este fondo comprar bonos de aquellos países que tengan más dificultades de financiación. Estas compras se harían en el mercado abierto, con la condición de que el país que solicite esta ayuda se someta a un rigurosísimo plan de ajuste económico; es decir, pasaría a estar intervenido en términos prácticos por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que se encargarían de controlar cada euro que se gasta y se ingresa en las arcas del Estado.
Estas dos decisiones suponen que tras meses de dudas y de muchas tensiones, los países más ortodoxos en materia fiscal —encabezados por Alemania, Austria, Holanda y Finlandia han dado su brazo a torcer al aceptar los mencionados cambios en el fondo de estabilización, que garantizan el equilibrio del conjunto de la moneda única, de la que ellos también forman parte, aunque, eso sí, en el grupo de los alumnos aventajados.
Reformas a la vista
A cambio, los países con menor déficit se han garantizado que el resto de «socios», sobre todo los del furgón de cola, se comprometan a realizar una serie de reformas cuantificables y con verificaciones anuales para mejorar su competitividad. En este capítulo es donde vendrán los sacrificios, ya que en aras de esa perseguida competitividad, por ejemplo, los salarios se ajustarán en parte a la productividad (lo que significará bajadas en muchos casos), se retrasará la jubilación para adecuarla al aumento de la esperanza de vida y habrá recortes en las prestaciones sociales, para que sean «sostenibles».
En materia de empleo, además del fomento de la tan traída y llevada «fle xiseguridad» (combinación de flexibilidad y seguridad laboral), se propone a los países que reduzcan los impuestos del trabajo para que aumente la tasa de actividad, una medida orientada a los países donde el IRPF resulta tan alto que, a veces, las personas prefieren no trabajar.
Y para garantizar que todas estas medidas, agrupadas en el «Pacto por el Euro», se cumplen realmente, Alemania arrancó al grupo de los países que se encuentran a la zaga (entre los que sin duda está España) un compromiso para que todas las normas presupuestarias del «Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (topes de déficit y deuda públicos, etc..) se transformen en legislación nacional, con carácter vinculante y sólida, ya sea constitucional o ley marco, dependiendo de cada país. Además, esta especie de norma de gasto deberá asegurar la disciplina presupuestaria, tanto en el nivel nacional como en el autonómico.
A cambio de toda esta nueva normativa, que supondrá un avance sustancial en la integración económica e irá más allá de la estrictamente monetaria que había hasta ahora, los países que más aportaciones realizan al fondo de estabilización, entre los que están Alemania y Francia, aceptaron atender alguna de las peticiones de Grecia, país que inauguró los rescates europeos el año pasado al tener que recibir un préstamo de 110.000 millones de euros. En concreto, se le rebajó un 1% el tipo de interés que paga hasta dejarlo en el 4,2% y se le aumenta el plazo de devolución hasta los 7,5 años. En el caso de Irlanda, sin embargo, su negativa a elevar el impuesto de sociedades (el más bajo de toda Europa), le supuso un «no» rotundo de Alemania y Francia. «Es honesto y justo decir que sólo daremos nuestra aprobación cuando hayamos recibido algo a cambio», sentenció desafiante la canciller alemana.
