Chirac, juzgado por corrupción, un ex presidente humillado
El proceso por malversación puede aplazarse hoy si prosperan los recursos
Presidente de la República francesa entre 1995-2002 y 2002-2007, Jacques Chirac, de 78 años, pasó a la historia como responsable de acelerar el «declive» iniciado con François Mitterrand. Jubilado, debe afrontar el proceso por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y financiación ilegal de su partido durante los últimos años de su paso por la alcaldía de París (1977-1995). El juicio contra Chirac comienza hoy en el Tribunal de París, aunque puede ser suspendido durante meses por recursos de la defensa.
Toda la plana mayor de su antiguo partido, el Reagrupamiento para la República (RPR, neo gaullista conservador, disuelto), incluido Alain Juppé, actual ministro de Asuntos Exteriores, ya fue juzgada y condenada hace años por los mismos delitos.
Mientras fue presidente, la Constitución protegía su inmunidad. Abandonado el Palacio del Elíseo, la tenacidad de varios jueces ha conseguido imponer el proceso de Chirac; si sus abogados defensores y la defensa de los otros nueve acusados —entre los que figuran apellidos ilustres de la política nacional (De Gaulle, Debré) y la cúspide del sindicalismo francés— no consiguen un aplazamiento.
Hasta hace poco, Chirac era perseguido por un largo rosario de delitos de corrupción que han prescrito. Quedan por juzgar los casos de una treintena de empleos ficticios en la Alcaldía de París, entre 1992 y 1995. La Justicia sospecha que cuando Chirac era alcalde pagaba con el dinero de los contribuyentes el trabajo político de quienes solo servían a su partido.
Hace meses, sus abogados negociaron un acuerdo económico con el alcalde de París, el socialista Bertrand Delaonë, que aceptó retirar las querellas contra su antecesor a cambio de una compensación de 2.200.000 euros, que pagó parcialmente el partido de Nicolas Sarkozy, la Unión por un Movimiento Popular (UMP).
Sin embargo, los jueces instructores de los dos últimos procesos paralelos han mantenido sus acusaciones y estiman que el ex presidente debe ser juzgado por malversación de fondos públicos, cohecho y financiación ilegal de su partido. El abogado defensor de otro de los acusados, antiguo jefe de gabinete de Chirac, ha presentado tres cuestiones de discutible constitucionalidad ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.
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