PODEMOS aventurarnos a afirmar que nadie en España pone en entredicho la decisión de que España se incorporara en su día a la UE. Justo este año, cuando se cumple el veinticinco aniversario de este acontecimiento histórico, ningún partido político insinúa una posible salida de las instituciones europeas, nadie concibe una España no comunitaria. Dicho de otra manera, las Cortes Generales unánimemente y la sociedad en su conjunto solicitarían hoy de nuevo nuestro ingreso entre los socios de Bruselas.
Esta circunstancia justifica cualquier iniciativa que propicie cada vez más un conocimiento certero de lo que supone la realidad comunitaria, de cuáles son sus instituciones, qué influencia tienen en la legislación que se nos aplica diariamente o cuáles son los principios básicos del humanismo cristiano en los que De Gasperi, Monnet o Schuman se inspiraron para auspiciar en los años cincuenta la actual UE.
En este sentido, la Generalitat Valenciana ha presentado una asignatura incluida en el bachillerato para propiciar un mayor acercamiento a la realidad europea.
La lógica indica que si los países miembros hemos cedido incluso parte de nuestra soberanía a favor de las instituciones comunitarias, tengamos de ellas una amplia comprensión de sus características. Además, esta iniciativa fomentará el concepto y la percepción de la ciudadanía europea así como los valores de la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y el supremo valor de la democracia como común denominador de los pueblos de Europa.
Desde las instituciones sitas en Bruselas emanan diariamente normas jurídicas de obligado cumplimiento y observancia para todos los estados y ciudadanos comunitarios. Aproximadamente un setenta por ciento de nuestra legislación está directamente afectada o motivada por reglamentos o directivas comunitarias. Así, tras sucesivas reformas de los tratados, Bruselas es mucho más que unos logros económicos muy importantes, como el mercado único o la unión económica y monetaria desencadenante del euro. Hoy el arsenal jurídico y técnico europeo afecta a nuestra vida cotidiana y nos confiere por primera vez una serie de derechos, obligaciones y oportunidades más allá de nuestras fronteras.
Respecto a la formación propiamente dicha, poco sentido tiene que nos obliguemos a cumplimentar en el nivel universitario el espacio europeo de educación superior, conocido como proceso de Bolonia, sin profundizar previamente en las bases del funcionamiento de la Unión.
Me atrevería a afirmar que el nacimiento de la actual Unión Europea en los albores de los cincuenta puede considerarse el principal logro político del último siglo tras la creación de la Sociedad de Naciones. Aquella incipiente unión entre europeos supuso la definitiva vacuna ante nuevos conflictos bélicos que nunca más han afectado a países que pertenecieran simultáneamente a la Unión. Esta paz histórica ha propiciado un espacio democrático de respeto a los derechos humanos que jamás existió en el viejo continente, asolado durante décadas por sucesivas guerras y regímenes intolerantes. La UE afrontará en el siglo XXI los retos propios de su época como el control y coordinación de los flujos migratorios, la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático o el terrorismo internacional.
Aquella europeización de España sobre la que tan agriamente debatieron Unamuno y Ortega, ha llegado a buen término. Por ello nuestros jóvenes han de tener la oportunidad de conocer también sus raíces como europeos y es nuestra obligación facilitarles ese conocimiento a través de los sistemas educativos, de tal modo que estos contemplen el estudio del bagaje histórico, político y cultural de Europa.
*Rafael Ripoll es secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europe
