El juez sugiere que el jefe de la UCI pudo mentir en el «caso Faisán»

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el «chivatazo» a ETA abre la puerta a proceder penalmente contra el jefe de la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía, José C., por un delito de falso testimonio. Pablo Ruz pone en duda la veracidad de la declaración prestada por el mando el pasado 8 de febrero, cuando afirmó que Carlos G. (jefe del operativo que debía desarticular la red de extorsión de ETA y ahora jefe del grupo que investiga el chivatazo) le propuso eliminar la grabación que prueba la existencia de la delación policial. Es decir, aquella en la que el

propietario del bar Faisán (epicentro de actuación de la red etarra), Joseba Elosua, confiesa a su yerno que le acaban de advertir de que estaba siendo objeto de seguimientos.

En una resolución dictada ayer —y que rechaza practicar las últimas diligencias de prueba solicitadas por la defensa de Enrique P., jefe superior de la Policía en el País Vasco, y por las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia y Asociación Víctimas del Terrorismo—, el juez Ruz tilda de «sorpresivo» el testimonio de José C. Y ello porque ha tardado «cuatro años y nueve meses» en denunciar ante la Justicia unos hechos que, «de ser ciertos, podrían ser constitutivos de delito». El magistrado asegura que José C. tuvo «expresa oportunidad para hacerlo» cuando elaboró un informe para el entonces comisario General de Información, Telesforo Rubio, en el que no ahorró «descalificaciones hacia el comportamiento» de Carlos G. En segundo lugar, Ruz considera que durante su comparecencia como testigo, el 8 de febrero, José C. «no pudo ofrecer una razón lógica o fundada respecto de tal conducta omisiva».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 recuerda que Telesforo Rubio fue citado a declarar con el fin de corroborar las acusaciones de José C. contra Carlos G., pues el jefe de la UCI afirmó haber puesto los hechos en conocimiento del comisario general de Información. «Se lo comenté personalmente después (...) no sé si fue ese mismo día (...) creo que... ¿cuándo fue?... cuando estuvimos comiendo juntos», habría declarado José C. Pero Telesforo Rubio no confirmó la versión de su subordinado. De haberlo sabido, dijo, no habría estado «quieto, ni legal ni profesionalmente».

Estos hechos, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito de falso testimonio (los testigos están obligados a decir la verdad cuando se les llama a declarar). Sin embargo, de momento no los pondrá en conocimiento del juez competente a la espera de que las manifestaciones de José C. sean desmentidas o corroboradas por «el devenir procesal» y a la espera, también, de lo que testifique durante el juicio oral.

Lo que sí denunciará Ruz ante los jueces de Madrid son las filtraciones a un medio de comunicación de la parte del sumario que permanece bajo secreto (nueve folios de la comisión rogatoria de Francia y el informe ampliatorio de Carlos G. con imágenes de uno de los imputados).

Por otra parte, Ruz confirma su decisión de no citar como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que mantuvo varias conversaciones telefónicas con Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, hoy imputado, justo después de conocerse el «chivatazo».