Detienen a un alto cargo de la constructora de la Generalitat

Golpe judicial contra GISA, la empresa que gestiona la adjudicación de obra pública de la Generalitat de Cataluña. Al menos tres personas, una de ellas el gerente de carreteras en Gerona de la citada compañía, Jordi Vergé, fueron detenidas ayer por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el transcurso de una operación destinada a esclarecer presuntas irregularidades en la concesión de obras en la citada demarcación. Uno de los arrestados fue puesto ayer en libertad, y otro pasará hoy a disposición judicial, según indicaron fuentes próximas a la investigación.

El fiscal de delitos económicos reclamó ayer a GISA documentación sobre su actividad en Gerona desde el año 2007 hasta ahora. Junto a un grupo de efectivos policiales, la Fiscalía se personó en la sede de la compañía en Barcelona, en la calle Vergós, para recabar información. Los responsables de la empresa se la entregaron a la espera de complementarla en las próximas horas.

Fuentes policiales consultadas por ABC alegaron que el caso, que llevan conjuntamente el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona y la Fiscalía de delitos económicos, se encuentra bajo secreto sumarial y no quisieron dar más detalles del operativo. Pese al mutismo judicial y policial, algunas fuentes apuntan a que con la operación se cierra una investigación que el citado juzgado arrancó hace unos meses con el objeto de revisar un caso de sobrefacturación de las obras de construcción del dique Este del puerto de Barcelona, que podría suponer el desvío de unos 40 millones. Las citadas obras representaron unos ingresos para las compañías en concepto de materiales que no llegaron a utilizarse. La operación de ayer es fruto de esa investigación judicial y apunta a diversas obras en carreteras en Gerona.

Antifraude, tras la pista En su momento, la Oficina Antifraude ya pidió información sobre adjudicaciones de carreteras por parte de GISA en la misma demarcación entre 2007 y 2009, según explicaron a Ep fuentes conocedoras de la investigación de la trama. En una nota conjunta, la consejería de Economía y GISA expresaron su voluntad de colaborar con la autoridad judicial y recordaron que la trasparencia y la presunción de inocencia «guiarán la actuación del departamento». Desde que llegó CiU a la Generalitat, GISA, que gestiona 3.000 millones anuales, depende de Economía, y no de Obras Públicas.