Guantes de seda para derribar un Gobierno con pies de plomo. En las calles de Manama, la capital de Bahréin, las masivas protestas protagonizadas por la oposición chií contrastan, en la última semana, con el exacerbado pacifismo defendido por sus líderes. «Históricamente, las reclamaciones de la oposición se han centrado en evitar la pérdida de estatus económico, no en la lucha por los derechos humanos. Por ello, la mesura es la nota predominante en nuestras protestas», asegura a ABC Monif al Fajra, catedrática de la Universidad de Manama.
En la actualidad, Bahréin —un pequeño reino de 727 kilómetros cuadrados situado en el Golfo Pérsico— cuenta con una renta per cápita de 26.000 dólares anuales y una tasa de desempleo cercana al 3,7%, Son unas cifras que contrastan con el 14% de parados de Túnez o el 10% de Egipto (cifras todas ellas oficiales). Sin embargo, y al igual que estos países, Bahréin también destaca sobremanera por la represión política practicada contra su población.
Según el Centro para el desarrollo democrático del Golfo, desde que en 2002 el Monarca Hamad bin Isa al Jalifa —de origen suní— aprobara la nueva Constitución, la mayoría chií del país (70%) sufre una «clara y manifiesta segregación racial», al no poder acceder a la mayoría de cargos públicos. De igual modo, el principal partido opositor, Al Wefaq, ha denunciado, en numerosas ocasiones, la tortura y asesinatos selectivos sufridos por miembros de su formación.
Sin violencia generalizada
Sin embargo, al contrario que en el resto de protestas regionales, esta agresión histórica de los derechos humanos no ha desembocado en una ola de violencia generalizada. «La gente está harta de que se le nieguen derechos, pero sabe que, al llegar a casa, encontrará un buen plato de comida caliente», explica a este diario Matar Ibrahim, diputado de la comisión de Finanzas del Parlamento. «Y a estas alturas de la vida, ya nadie se juega el cuello por derribar a un Gobierno». Las cifras hablan por sí mismas. Desde que el pasado 14 de febrero comenzaran las manifestaciones en las calles de Bahréin, «tan solo» se han registrado siete víctimas mortales (todas ellas, en las primeras jornadas de protestas).
Precisamente, el pasado martes, cerca de 300.000 manifestantes (de un país de poco más de un millón de personas) acudieron a la plaza de la Perla, en la mayor concentración de la disidencia en su historia. Sin embargo, la Casa Real de los Al Jalifa anunció, poco tiempo antes del comienzo de la concentración, una amnistía general para los cerca de 500 presos políticos que se encuentran en las cárceles. No se registró ni un solo enfrentamiento.
«Son estas pequeñas concesiones las que mantienen el conformismo de la gente», asegura Khalil al Marzooq, diputado de Al Wefaq. «Y este es un país avaricioso al que se compra con una paga extraordinaria (el Gobierno de Manama anunció recientemente una ayuda de 2.200 euros para cada familia como medida anticrisis)».
Pese a ello, anoche, las protestas continuaban en la plaza de la Perla. En el horizonte está la llegada al país del líder radical chií Hassan Mushaima, quien podría reconducir en los próximos días las protestas, una vez regrese de su exilio dorado en Londres. «Si Mushaima dice que nos alcemos en armas, los haremos», asegura Sadiq Hussein, uno de los manifestantes. Aunque, de momento, habrá que esperar.
Ayer, Bahréin liberó a 23 opositores acusados de intentar derrocar a la monarquía suní, junto con otro grupo de presos supuestamente detenidos en las protestas de la semana pasada, según Ibrahim Mattar, diputado opositor chií.
La liberación de estos detenidos es otra concesión a los manifestantes, en su mayoría chiíes, que realizan protestas en las calles desde la semana pasada para pedir una monarquía constitucional y la elección del Gobierno desde el pueblo.
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