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Denuncian ante la Fiscalía a los delegados de la Junta por «ocultar» su personal externo

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ve una presunta prevaricación al no facilitar datos del número y las tareas de estos contratados

Día 22/02/2011 - 08.50h
V. MERINO
Durán conversa con Moratinos ayer en la sede del PSOE antes de un acto sobre propuestas culturales

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) en Córdoba ha denunciado ante la Fiscalía a la mayoría de delegados del Ejecutivo andaluz en la provincia por no facilitar información sobre el volumen de contratos externos que a día de hoy existen en sus diferentes departamentos así como las funciones que desempeñan estos empleados y si disponen de las claves privadas de acceso a los sistemas informáticos. En este sentido, este sindicato considera que podrían estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación y nombramiento ilegal.

Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso ABC, la «abundante presencia de trabajadores externos en las sedes físicas» de las diferentes Delegaciones «bien cedidos por entidades instrumentales, bien a través de contratos de asistencia técnica», argumenta Safja, «vulnera de manera palpable los derechos de los empleados públicos». La razón esgrimida por este sindicato independiente es que «supone la usurpación de sus legítimas potestades amén de que sus puestos de trabajo se han ido desdotando progresivamente hasta alcanzar niveles inadmisibles en la Junta». A estas críticas suma las «graves disfunciones» que provoca y la «transgresión de las facultades de la Administración», dado que omite los principios de publicidad, mérito e igualdad y pasa por alto las tareas que sí podrían realizar estos empleados externos y no los funcionarios.

De esta forma, los denunciantes creen que se estaría incurriendo también en un presunto delito de nombramiento ilegal pues se atribuye a este personal externo el ejercicio de potestades públicas. «El citado personal tiene acceso a archivos y documentos que están vedados a los particulares, manejando claves de acceso cuyo conocimiento corresponde en exclusiva al funcionario público», añade Safja.

En las pruebas aportadas al fiscal se da cuenta de la solicitud de Safja al delegado provincial de Empleo, Antonio Fernández, de los datos sobre empleados externos. Un mes más tarde de esta petición, Fernández responde en una carta a la presidenta de este sindicato en Córdoba, Concepción Ramírez, miembro a su vez de la Junta de Personal de la Administración autonómica, que ni está legitimada para solicitar dicha información ni se le puede facilitar porque «excede» de lo que se puede cumplimentar ante los representantes sindicales por el Estatuto Básico del Empleado Público, en base a criterios jurídicos.

«La negativa a facilitar información consistente en el listado de trabajadores externos presentes en la sede física de esa Delegación Provincial, así como los contratos que amparan a éstos, ambos extremos son consecuencia uno del otro, constituye una clara actividad prevaricadora de la Administración», insiste Safja.

Agencias régimen especial

La presidenta de este sindicato, mayoritario en este sector, entiende, según expone en su denuncia, amparándose en sentencias del Supremo y el Tribunal Constitucional, y el artículo 40 del propio Estatuto Básico del Empleado Público, que está legitimada para pedir información sobre la política de Personal de la Junta que ésta le niega y que así «garantiza la opacidad en las contrataciones realizadas e impide el necesario control de la legalidad vigente», apostilla.

Los escritos presentados ante la Fiscalía de Córdoba se refieren a las Delegaciones de Empleo, Agricultura, Medio Ambiente, Obras Públicas Economía, Ciencia y Empresa, Hacienda y Administración Pública, Bienestar Social e Igualdad, Gobernación y Justicia, Educación, Salud y Turismo, Comercio y Deporte.

Como informó ABC ayer, al menos seis cargos socialistas se beneficiarán, por esta situación, de la nueva Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía, publicada ayer en el BOJA. Se trata de cargos orgánicos y públicos contratados por entes externos a las Consejerías (en concreto la fundación de formación vinculada a Empleo Faffe y la empresa Dapsa, en la órbita de Agricultura) que, en su mayor parte, desempeñan sus funciones en la sede de Empleo (tres de los seis) y que con la nueva ley pasarán a engrosar dos agencias de régimen especial que integrarán las competencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las de la propia Dapsa, en otro bloque agrario. Se trata de la primera teniente de alcalde de Palma del Río, Natividad Isabel García, el edil de Juventud de Aguilar, José Antonio Montesinos; los ex alcaldes de Espejo y La Carlota, Santiago Jesús Castro y Francisco Pulido, respectivamente (éste, responsable provincial de Dapsa), el secretario de Empleo de la ejecutiva provincial del PSOE, Manuel Aguilar, y la secretaria de Formación del PSOE de Almodóvar del Río, Rosa Alcaide Montserrat.

Durán no considera «relevante» que cargos del PSOE se beneficien del «funcionariazo»

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