La Rioja se resiste a no conseguir que el Estado salde la deuda que tiene pendiente por la compensación del perjuicio económico que causa a esta Comunidad el denominado efecto frontera con las regiones forales limítrofes de Navarra y País Vasco. A pesar de que no ve mucha intención por parte del Gobierno central para solucionar este «agravio» después de las múltiples promesas, la Comunidad riojana piensa seguir exigiendo que se le haga efectivo el pago.
Según los cálculos del Ejecutivo regional, la cuenta ascendería a más de 25 millones de euros. La seguirá reclamando no sólo el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, sino también el Partido popular. Como ya hiciera en 2009, el PP piensa volver a exigir desde el Parlamento riojano que el PSOE «cumpla de una vez por todas» con el Artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en el que se establecen mecanismos de defensa ante el efecto frontera, y compense económicamente a esta Comunidad.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de ley por la que insta al Gobierno central a «compensar económicamente a la Comunidad con el fin de corregir los desequilibrios derivados de nuestra situación limítrofe con otros territorios». La aplicación del artículo 46 del Estatuto no se hace efectiva desde el año 2002, cuando se firmó un convenio con el Gobierno por el cual el Ejecutivo riojano recibió 21 millones de euros de compensación. Ese importe se destinó a la construcción del Palacio de Congresos y Auditorio Riojafórum, inaugurado en 2004.
Después ha habido respuestas favorables a la aplicación del artículo 46 por parte del Gobierno central, pero no se han hecho efectivas. En la reunión que mantuvieron en enero de 2009 el presidente Pedro Sanz, y José Luis Rodríguez Zapatero, éste se comprometió a aplicar el artículo 46 en los mismos términos en los que lo hizo el Gobierno de José María Aznar en 2002. Más tarde, en una visita que Manuel Chaves realizó a La Rioja, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, asumió el compromiso de impulsar el contacto entre el Gobierno de España y el riojano para «tratar de llegar a una solución que liquide este problema definitivamente porque el Estatuto de Autonomía nos obliga a todos». Y aseguró que este acuerdo se tenía que traducir en una cuantía económica «determinada».
Sin solución
La misma cuestión se abordó en un encuentro celebrado en Madrid entre Sanz y la ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, dentro de la ronda de contactos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. De esa cita surgió el compromiso de que ambas administraciones acordarían antes del otoño de 2009 una vía de compensación por el efecto frontera. Se pospuso para otro encuentro con Salgado durante el segundo trimestre del pasado año, que no se produjo.
