CON sendas visitas de media jornada al Rey y a nuestro impagable presidente Zapatero, Artur Mas ha ventilado sin despeinarse el valladar del endeudamiento de la autonomía catalana. De este modo podrá solventar el pufo monumental que le ha legado el gobierno tripartito de Montilla y de paso ha permitido constatar por enésima vez que en este desdichado país siempre se busca esa suerte de ansiada cohesión a costa de los mismos.
Es bien sabido que a lo largo de toda nuestra Edad Moderna, el Reino de Aragón en su conjunto y el Principado de Cataluña en particular sólo contribuían a la bolsa del rey lo justo para mantener su propia administración. Con la llegada de Felipe V de Borbón y su cacareado «centralismo», la cosa cambió bien poco.
A pesar de los decretos de Nueva Planta, considerados por el nacionalismo como un auténtico agravio del imperialismo castellano, fue evidente la pervivencia en el siglo XVIII de la desigualdad fiscal entre los reinos de la Monarquía Hispánica. De forma que el viejo adagio de Quevedo, que retrataba fehacientemente aquel «imperio a la inversa» nunca antes contemplado en el mundo, siguió siendo una realidad incuestionable: «Solo Castilla y León/ Y el noble reino andaluz/ Llevan a cuestas la cruz».
Tanto es así, que para mediados del siglo XVIII se calcula una presión per cápita de 28 reales para los habitantes de Castilla y de tan solo 11 para los de la Corona de Aragón, naturalmente, de los territorios vascos sería mejor ni hablar. Después vino Cabarrús para afirmar que la Monarquía no admitía más remiendos, tristemente, desde entonces hasta aquí nadie le prestó mucha atención a la vista del camino que sigue el asunto de la cohesión fiscal y la justicia redistributiva dos siglos más tarde. En su tiempo, la imposibilidad de establecer contribuciones verdaderamente directas, como la Única de Ensenada, derivó en la quiebra de la misma Monarquía Absoluta que se resistía tenazmente al cambio, manteniendo la cosa foral.
Fueron las Cortes de Cádiz las primeras en, digamos, medio establecerla, privilegios navarros y vascos por medio, como no. Más tarde veremos como Javier de Burgos y hasta el mismo Madoz, un liberal como la copa de un pino, sacrificarán el principio de la unidad constitucional, en pro de la «salvaguarda de la paz», desiderata tan inocente como inútil, tres guerras carlistas y un siglo de miope proteccionismo fiscal exigido por Cataluña, dan buena cuenta de la inutilidad de su bienintencionado intento. De forma que aquel «Fueros todos y Fueros ninguno» de Miguel de Unamuno jamás, ni hoy día, llegó a cumplirse, reinando en el concierto fiscal peninsular el distingo permanente que Ferdinand Braudel calificaba sin empacho de «privilegios sin escrúpulos».
Y así, mientras a otras comunidades, como la gallega, Zapatero les niega el pan y la sal, don Arturo regresa nuevamente triunfante. En consecuencia, un presidente obsesionado con la idea de perpetuarse en el poder, volverá a conceder barra libre al endeudamiento suicida. Triste y ruinoso bucle histórico del que tan solo se nos liberará el día en que alguien, valientemente, le ponga cara a la realidad y se siente a contemplar lo que sucede tras el cacareado referéndum de autodeterminación de Cataluña. En Canadá ocurrió con el Quebec y, que se sepa, no ha habido todavía grandes daños colaterales.
Si en Cataluña no se cumplen ya ni las sentencias de los tribunales sobre el Estatut o la inmersión lingüística, ¿tiene algún sentido hacer como que nada está ocurriendo? Es un problema de simple dignidad, como aseguraba hace ya unos años Antonio Escohotado, hablando del asunto nacionalista: «Nosotros tenemos tantos fines como personas. Ellos tienen miles de personas con un solo fin, que además de único resulta ser miserable».
