El PP exige explicaciones sobre el desfase contable en un pedido de un medicamento para Prisiones
La herramienta de contratos del Estado confunde 164 millones con 1,64 en el anuncio de adjudicación de un contrato entre Instituciones Penitenciarias y un laboratorio farmacéutico. La olanzapina, usada para el tratamiento de esquizofrenia y trastorno bipolar, se convertirá en genérico en abril
El Grupo parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia del vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que expliquen los motivos por los que se ha adjudicado «en los últimos quince meses tres pedidos, por valor de 171 millones de euros , de un medicamento, cuando en abril de 2011 existirá un genérico, más económico, para el mismo».
Con número de expediente 10HU3019, la Plataforma de Contratación del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda) publicaba el pasado 9 de julio de 2010 el anuncio de adjudicación definitiva del suministro de envases de Zyprexa para los centros penitenciarios. Como informó ayer ABC, el importe de ese contrato (el segundo de los tres consecutivos analizados) era de 164.745.096 euros , según consta en la Plataforma de Contratación, y el adjudicatario fue Lilly, S.A., mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La adjudicación se produjo sólo unos meses antes de que la patente del producto caducara (abril de 2011), momento en que la Administración podrá adquirir el medicamento a través de fabricantes de genéricos.
Tanto Instituciones Penitenciarias como Lilly, S.A. desmintieron ayer ese importe, y atribuyeron la confusión a un error decimal. Según afirmaron ambas partes, el importe de ese segundo contrato fue de 1.647.450,96 euros. La nota de rectificación de Lilly añade que «los contratos de suministro de medicamentos de Lilly con Instituciones Penitenciarias y con cualquier otro centro sanitario se realizan, se han realizado y se realizarán dentro de la más estricta legalidad».
Prioridad para genéricos
También la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias emitió un comunicado para subrayar que «es absolutamente falso que la administración penitenciaria haya gastado 171 millones de euros en un fármaco». Especifica que el importe de las adjudicaciones para la adquisición de olanzapina en centros penitenciarios ha sido: de julio de 2009 a julio 2010, 3.477.216,00 euros; de julio de 2010 a octubre 2010, 1.647.450,00 euros; de noviembre de 2010 a octubre de 2011, 3.486.336,00 euros. «Es decir, un total de 8.611.002,00 euros, impuestos incluidos».
El comunicado del Ministerio del Interior añade que «la política de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la adquisición de fármacos es la misma que la del resto de servicios sanitarios públicos. Es decir, se da prioridad a los genéricos por su menor coste e idéntica eficacia. Por ello, cuando el medicamento mencionado en la información de ABC esté disponible vía genérico, la administración penitenciaria procederá a su adquisición en esta modalidad, tal como viene haciendo con otros fármacos».
Instituciones Penitenciarias remitió el contrato de suministro, donde se establece que el precio asciende a un millón seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta euros con noventa y seis (1.647.450.96), «el cual se abonará al adjudicatario mediante pagos parciales, en base a las entregas igualmente parciales del suministro, debidamente recibidas y facturadas».
Plataforma bajo sospecha
La Plataforma de Contratación del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda se equivocó así en «sólo» 162 millones cuando se plasmaron los datos. En la bienvenida de la web se explica que «al iniciar la andadura de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ministerio de Economía y Hacienda pone a disposición de los órganos y entidades del sector público y de los operadores económicos la Plataforma de Contratación del Estado, que al tiempo que da cumplimiento a las diversas previsiones de la Ley, constituye una pieza esencial para la organización de la contratación electrónica». Instituciones Penitenciarias asumió el error de la transcripción.
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