Un mes es el plazo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado a las autoridades de los Estados Unidos para que le indiquen si están investigando los delitos cometidos en la prisión de Guantánamo. El magistrado ha acordado remitir a ese país, a través de la letrada de enlace de su Embajada en España, la “última comunicación-recordatorio” de su deber de contestar de forma “urgente” a una comisión rogatoria que fue remitida por primera vez el 14 de mayo de 2009 y, con posterioridad, los días 7 de abril y 18 de octubre de 2010. A instancias del fiscal, Velasco pregunta también si Washington ha nombrado un “fiscal especial”.
Si el 1 de marzo Estados Unidos siguiera guardando silencio, el juez Velasco daría por cumplido el requisito que permite a España abrir una investigación sobre las torturas de Guantánamo al quedar descartado que la administración Obama ya esté tramitando una causa por los mismos hechos. A partir de ahí, y dado que ha transcurrido “excesivo tiempo” desde que se remitió la primera comisión rogatoria, Velasco ya podría pronunciarse sobre la admisión o no a trámite de la querella formulada por la “Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España” contra seis abogados estadounidenses. Se les acusa haber ideado la cobertura legal que, tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, permitió al ex presidente Bush abrir el centro de internamiento de Guantánamo y trasladar allí a todos los sospechosos de ser terroristas islamistas.
Por otra parte, el instructor trata de confirmar si tres de las víctimas de Guantánamo tienen nacionalidad española, como asegura la acusación. Al haber resultado hasta ahora “negativas” todas las averiguaciones efectuadas, Velasco requiere a esta parte que aporte todas las pruebas que tenga –“en su caso NIE, fecha y lugar de nacimiento, filiación, etcétera”- con el fin de remitirlas de nuevo al Ministerio del Interior para que éste informe sobre la “situación y nacionalidad” de esas tres personas.
