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Zapatero logra el aval sindical para retrasar la jubilación a los 67 años

La edad de retiro se eleva dos años de forma progresiva entre 2013 y 2027, pero 38,5 años cotizados permitirán el retiro con 65 años

Día 28/01/2011

El pacto se ha buscado de forma intensa durante el último mes y finalmente se ha encontrado. En una misma semana Rodríguez Zapatero ha logrado manos libres del Parlamento para retrasar la edad de jubilación y ahora también podrá presumir ante su electorado y dar cuentas en Europa de llevar adelante una de las reformas más impopulares con el aval de los sindicatos UGT y CC.OO.

El acuerdo, que se alcanzó pasadas las cuatro de de la madrugada, llega después de que ambas partes hayan renunciado a sus propuestas de máximos. El Gobierno ha tenido que ceder en su intención inicial de generalizar la jubilación a los 67 años sin excepciones y los sindicatos han entrado por el aro de este retraso, a cambio de mejoras de cotización, por ejemplo, para jóvenes, becarios y mujeres, colectivos más duramente azotados por el paro.

La reforma contempla que para garantizar la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones esperadas se realice desde 2027, horizonte de entrada en vigor de la misma, una revisión cada cinco años de sus parámetros fundamentales.

Proyecto de ley

El acuerdo de ayer será plasmado en un proyecto de ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que será tramitado en el Congreso, por lo que no entrará en vigor hasta el verano en alguno de sus puntos, ya que las medidas más importantes, como el retraso de la jubilación, no empezarán a aplicarse hasta 2013, después de las próximas elecciones generales.

El texto consensuado tiene como plato fuerte el retraso en la edad legal de jubilación en dos años, de 65 a 67 años, de forma transitoria y gradual desde 2013 hasta 2027, a razón de 48 días más por año. La excepción estará en las profesiones penosas y peligrosas, que están aún por determinar, y para aquellos profesionales que tienen largas carreras de cotización. Los trabajadores podrán seguir jubilándose a los 65 años conservando la pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio.

Ambas partes han decidido dejar en 15 los años de cotización mínimos para cobrar una pensión contributiva, pero tras la reforma sí habrá modificaciones en el periodo de cálculo que pasará de los 15 años actuales a 25. Se aplicará de forma progresiva, en dos tramos de cinco años, hasta 2023.

La edad mínima de jubilación pasará de 61 a 63 años. La novedad es que será voluntaria, no como hasta ahora, en el que era necesario el despido individual o colectivo y acreditar al menos 6 meses de desempleo. Al colectivo de autónomos se le reconoce por primera vez el derecho a la jubilación anticipada en los mismos términos que el resto de trabajadores.

Jóvenes y mujeres

Una de las reivindicaciones más serias de los sindicatos eran las mujeres y los jóvenes menores de 25 años, que registran en España las tasas de paro más elevadas de Europa. Así, las madres y padres que interrumpan su vida laboral para dedicarlo al cuidado de sus hijos recibirán una bonificación en su cotización de 9 meses, con un tope de 2 años. Se entiende que las beneficiarias han de acreditar haber disfrutado de una excedencia.

Algo parecido sucede con los becarios, que podrán sumar a su cotización los años que acrediten como trabajador en prácticas, con un límite de 2 años. Esta medida podría tener efectos retroactivos a 2009 y es casi seguro que los empresarios tendrán que pagar parte de estas subvenciones.

Estas medidas irán acompañadas de menores penalizaciones y mayores incentivos para los trabajadores que adelanten o se mantengan en sus puestos de trabajo más allá de los 67 años. Así, cada año que se anticipe la jubilación antes de los 67 años (ahora 65) se recortará la pensión un 5% anual (ahora, el 8% antes de los 65). Habrá bonificaciones del 3% anual para los trabajadores que decidan voluntariamente prolongar su vida laboral más allá de los 67 años (ahora, 2%), hasta los 70.

Otro objetivo del Ejecutivo que se ha plasmado en la reforma es castigar las prejubilaciones tras el abuso que se ha producido de esta figura con la crisis. Para ello, se aumenta la edad de acceso a los 54 años (ahora en 52) y castigará a las empresas, que tendrán más costes de la Seguridad Social.

«En la buena dirección»

Esta reforma «va en la buena dirección», aunque deja muchos flecos pendientes y es insuficiente, según los expertos consultados por Ep. Para el director ejecutivo de Fedea, Pablo Vázquez, las reformas propuestas son «positivas» y van en la «dirección correcta», aunque echa de menos algún elemento que permita ajustar el sistema cada cierto tiempo en función de la evolución económica y demográfica sin necesidad de buscar «pactos agónicos», tal y como ocurre en otros países como Suecia. En este sentido, considera que la reforma proporciona cierta «tranquilidad» al sistema y le da «vida», aunque se «queda un poquito corta» porque no soluciona el problema demográfico de forma «definitiva», sólo lo aplaza. «No es la última reforma de pensiones», señala Vázquez, para quien pueden volver a surgir dificultades en los próximos 20 ó 30 años. En esta misma línea se ha manifestado el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, quien asegura que el concepto de las medidas es «correcto» dada la deuda acumulada de la Seguridad Social y la crisis. «Van a contribuir a mejorar el equilibrio financiero», añadió.

Sin embargo, lamentó que no se haya elevado el límite legal de jubilación a los 70 años. El abogado de CMS Albiñana & Suárez de Lezo Alfredo Aspra señaló que las medidas «van en la buena dirección y tienen todo el sentido» porque los ciudadanos se incorporan más tarde al mercado.

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