La Eurocámara frena el turismo sanitario en la UE

La novedad de la nueva norma, para la que los países tienen dos años y medio para transponer a sus respectivos ordenamientos, radica en que se aplica también a los extranjeros residentes en España que, en ocasiones, volvían a sus países de origen a pasar una temporada, se operaban de cualquier cosa y después le exigían a la Sanidad española que costeara la intervención. En España hay nada menos que 2,5 millones de extranjeros residentes, de los que casi 500.000 tienen más de 55 años.

Además, a partir de que entre en vigor esta norma los europeos que soliciten asistencia en otro país tendrán derecho a la misma que recibirían en su país de origen, de tal modo que las ya casi clásicas operaciones de cadera que aprovechaban algunos jubilados británicos para hacerse aprovechando unas vacaciones al sol en España ya no serán tal o, si lo son, tendrán que pagarlas. El sistema de sanidad público español solo le costeará el equivalente a lo que tendría derecho en su país, y si no incluye el coste de la prótesis ésta tendrá que salir de su bolsillo. Las arcas públicas españolas reciben 2.800 euros al año por cada extranjero que vive en nuestro país y España pagará 1.600 euros por los españoles que viven fuera.

También en el capítulo de novedades está que las autoridades nacionales podrán exigir una autorización previa cuando los pacientes deban ingresar en el hospital o decidan tratarse en otro país.