El artículo 2 de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia establece que «los poderes públicos garantizarán el uso normal del gallego y del castellano, lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma», una redacción que para organizaciones de corte nacionalista es la excusa normativa con la que justificar el impulso de políticas de inmersión monolingüe, pero que por el camino, en algunas ocasiones, desampara los derechos de los ciudadanos que eligen el español como opción habitual de uso.
Es una de las conclusiones del Informe sobre Bilingüismo Institucional que la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística entregará hoy a la Defensora del Pueblo, al que ha tenido acceso ABC, y que pone de manifiesto que un tercio de los municipios gallegos excluye el castellano de sus páginas web. El estudio sitúa a Galicia como la segunda de las autonomías bilingües en incumplir este básico principio de convivencia, muy por debajo del 74% de Cataluña, pero por encima de Baleares, Comunidad Valenciana o País Vasco, que no alcanzan el 15%.
El trabajo de campo lo han realizado voluntarios de la Asociación sobre un total de 314 ayuntamientos, de los 365 que componen el puzzle municipal gallego. En el listado figuran consistorios de distinto tamaño y color político. Por ejemplo, villas gobernadas por el PP como Verín, Villalba, Salvaterra o Ribeira adolecen de web en castellano, del mismo modo que localidades con alcaldes socialistas como Villagarcía —la octava ciudad de Galicia—, Cortegada, A Estrada, Rianxo, o Amoeiro.
Turismo monolingüe
Paradójicamente, esta misma tara se da en portales web de municipios eminentemente turísticos, como es el caso de Oleiros, Cambados, Gondomar, Mondariz o Nigrán. Otros concellos que tampoco respetan la opción de elegir lengua son Leiro, Manzaneda, Monterrei, Coirós, Sarreaus, O Páramo, Castroverde, Chandrexa, Abegondo, Mazaricos, Santa Comba, Begonte, Láncara, Valga o Samos. El caso es que varias de estas páginas oficiales contaron con financiación autonómica, ya que en la anterior legislatura, la Xunta apoyó con dinero público la creación de portales locales.
Por provincias, destaca el caso de Pontevedra, con un 38,7% de incumplimientos —24 de 62 localidades sin web en castellano—, seguida del 33% de Ourense, el 30,85% de La Coruña y el 23,8% de Lugo. «No se trata sólo de un servicio para sus propios vecinos», explica el impulsor del estudio, Pablo Yáñez, presidente de la Asociación, «sino al resto de ciudadanos del Estado que quieran obtener información de ese municipio y no sepan gallego».
Según indicó a este periódico, el primer paso será informar en la mañana de hoy a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, a través de la presentación de este informe —que coincide con el primer aniversario de la Asociación—. Acto seguido, se enviará una carta a los 860 ayuntamientos de toda España que excluyen a la única lengua común del Estado de sus respectivas webs. «Y en función de la respuesta que se reciba, seguiremos actuando», explicó Yáñez, que avanzó posibles quejas futuras ante los homólogos autonómicos del Defensor del Pueblo, tales como el Valedor gallego.






