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Esclavas de la mafia de los burdeles

Sufren las mismas secuelas que los torturados. Llegan a España soñando con prosperar, pero caen en manos de los carceleros de las tratas de blancas

DANIEL G. LÓPEZ

M. J. ÁLVAREZ

La pesadilla de Mariam (nombre ficticio) comenzó en Brasil hace dos años. Acababa de cumplir los 18 y deseaba trabajar y ganar dinero para dejar de ser una carga para su modesta familia. «Me ofrecieron la posibilidad de un empleo en el servicio doméstico o en el sector de la hostelería en España, y no me lo pensé». Sin ella saberlo, había comenzado su calvario. En la agencia de viajes se encargaron de todo. Sacaron su billete, arreglaron su documentación y le buscaron alojamiento.

El final del viaje fue un club de carretera, en donde le requisaron el pasaporte, la aleccionaron con información falsa y le explicaron a lo que se iba a dedicar, bajo presiones y amenazas hacia ella y sus allegados. «La prostitución está prohibida en España. Si te pilla la Policía, te expulsará. No confíes en los agentes».

Entonces se enteró de la deuda que debía pagar a la organización que la había traído a nuestro país: 15.000 euros. Ello la obligaba a entregar, a partir de entonces, prácticamente todo lo que iba a obtener vendiendo sus favores sexuales. A pesar de que le dijeron cuál iba a ser su trabajo, jamás imaginó en qué condiciones lo iba a desarrollar ni que estuviera vigilada permanentemente por una mujer. «Ni siquiera sabía en qué ciudad estaba. Me quitaron el móvil. Me aislaron. No podía salir sola, hablar con nadie, ni siquiera con mi familia. Medían el tiempo que estaba con cada cliente... Hasta me decían cómo cortarme el cabello».

Éste es solo un ejemplo de cómo actúan las redes dedicadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, algunas de las cuales son violadas o golpeadas por negarse a acatar los deseos de los mafiosos. Así lo explicó a ABC Rocío Mora, coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp), entidad que lleva 25 años apoyando a estas féminas para que dejen ese mundo.

El caso más reciente y que ha puesto los pelos de punta por la falta de escrúpulos de los miembros de la supuesta red es el de una adolescente que, con 14 años, cayó en manos de una mafia del Este. La chica, vecina del barrio de Prosperidad (Chamartín), fue embaucada por un rumano de 22 años para que se escapara de casa y se fuera a vivir con él a un pueblo de Badajoz. Sin embargo, lo que le esperaba a la menor era un calvario en forma de secuestro y corrupción de menores a manos, supuestamente, incluso de algún concejal que luego se ha suicidado: estuvieron «mercadeando» con su cuerpo durante los tres largos meses que duró su cautiverio, hasta que un policía local desbarató la tortura. La chica, ahora, intenta recuperarse en un hospital.

Es un ejemplo más de que las víctimas son cada vez más jóvenes, la mayoría entre los 18 y 25 años. Las brasileñas y las paraguayas han sido las últimas en llegar a la región, donde predominan las rumanas y las nigerianas. Y son objeto de mayor violencia y controles más exhaustivos por parte de las redes que trafican con ellas con fines de explotación sexual.

Son las modernas esclavas del siglo XXI. Están privadas de libertad. Su aislamiento es tal, que la mayoría trabaja recluida en locales, lo que las convierte en mucho más vulnerables. Las hace invisibles. Inexistentes. Y dificulta que puedan huir.

«En la calle tienen contacto con la realidad y reciben información; además de que la Policía les puede pedir la documentación, algo que evitan a toda costa las mafias», agrega la coordinadora de Apramp. «Ellas, al principio y pese a todo, creen que en un lugar cerrado van a estar más protegidas por los engaños de los que son objeto. Qué equivocadas están».

Palizas y encierros

En la región, tres de cada cuatro mujeres que se dedican a la prostitución son víctimas de la trata de personas. Es decir, el 75%. La desigualdad y el sometimiento forman parte de las reglas del juego de este lucrativo negocio. Así, son vejadas y humilladas, reciben palizas y viven encerradas en pisos, chalés o clubes.

Estos son los principales cambios que ha sufrido la prostitución en los últimos años, debido a las bandas criminales que controlan este lucrativo negocio. La mayoría están radicadas en los países de origen de las víctimas, donde las captan, las trasladan, las acogen y las utilizan para el mercado carnal.

Mientras, las víctimas, anuladas y sin capacidad de reaccionar, son presas del miedo. Sus jornadas suelen ser interminables. El dinero prima para las redes. «Les permiten que envíen alguna cantidad a sus familiares para que estén tranquilos. Sólo si dejan de hacerlo, porque logran escapar, se preocupan y denuncian su desaparición ante la embajada». Después, se enteran de la verdad.

Las secuelas que sufren estas mujeres son similares a las de los torturados. «Chicas jovencísimas, de 18 años, tienen que recibir atención psiquiátrica», recalca Mora, como ejemplo de la violencia que soportan. La constatación de esta realidad ha provocado que en el ámbito europeo, nuestro país ratificara (1/08/09) el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la Trata de Seres Humanos. A ello se une la entrada en vigor del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que entró en vigor en diciembre de 2008.

Punto sin retorno

«Todo esto supone un punto sin retorno en la lucha contra la trata de personas, el auténtico problema que hay que combatir», subraya Mora. Mientras, su asociación, que dispone de un plan integral para ayudar a esas mujeres a salir de esa situación y les ofrece alternativas —centro de acogida, atención sociolaboral, pisos de estancias breves y apoyo judicial si denuncian, operativo en cinco comunidades—, sigue luchando por hacer visible «la grave vulneración de los derechos humanos que se esconde detrás del mercado sexual».

En los últimos años, Apramp ha constatado que, si antes sus unidades móviles actuaban más en la calle, ahora lo hacen más en los espacios cerrados (unos 450 en la región), lo que dificulta enormemente su intervención y el riesgo al que se exponen.

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