Ante las críticas de que el nuevo catálogo gallego de medicamentos «vulnera el principio de igualdad de los pacientes al acceso a la prestación farmacéutica» por parte de distintas asociaciones y federaciones farmacéuticas, el Ministerio de Sanidad reconoció ayer que estudia la ley gallega de racionalización del gasto, aprobada por el Parlamento de Galicia, para decidir si la recurre, después de que veladamente la titular de la cartera, Leire Pajín, dejara caer la posibilidad en su último viaje a Galicia.
Así, las voces más críticas apuntan a las «graves consecuencias» que para el sector farmacéutico y la ciudadanía se derivarán de la citada normativa y que, según la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, supondrá el fin de la financiación por el Servizo Galego de Saúde de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
