Veinticuatro horas antes de que Artur Mas tome posesión como presidente de la Generalitat, CiU dejó claro ayer que no piensa acatar las sentencias judiciales contrarias a que el catalán sea la lengua vehicular de la educación. Cuenta con un cómplice, PSC, que ha aceptado abstenerse hoy en la votación de investidura a cambio de que los nacionalistas mantengan el modelo lingüístico de la escuela catalana. Así consta en un documento de cinco puntos en el que se blinda la inmersión lingüística creada en su día por el Gobierno de Jordi Pujol, heredada por el tripartito y que ahora defenderá Artur Mas.
Tras conocer que el Tribunal Supremo (TS), basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, ha dado la razón a tres particulares que reclamaban la escolarización de sus hijos en castellano, los futuros responsables del gobierno catalán aseguran que no tocarán ni una coma de la ley de política lingüística. «Sepan que desde CiU tenemos la voluntad de mantener y preservar el modelo de inmersión lingüística. No renunciaremos a él», dijo el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol. En términos parecidos se pronunció el consejero de Educación en funciones, Ernest Maragall (PSC).
El conflicto está servido porque no se descarta un alud de reclamaciones judiciales para reclamar la enseñanza en castellano. De hecho, Convivencia Cívica Catalana, la asociación que asesora a las familias que han apelado al TS, asegura que este tribunal está a punto de dictar otras dos sentencias sobre peticiones similares, mientras que en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pendientes de resolución otros cuatro casos. El Constitucional tramita también recursos contra las leyes catalanas de cine y consumo, que contemplan multas lingüísticas, así como la de acogida de los inmigrantes, donde se fija el catalán como lengua preminente para conseguir el arraigo.
«Proporcional y equitativa»
En las tres sentencias que el Gobierno catalán se resiste a acatar, y que están fechadas el pasado 13 de diciembre, el Tribunal Supremo obliga a que la lengua castellana sea «reintroducida» como lengua vehicular de forma «proporcional y equitativa» en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria. También a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación que sea dirigida a las familias por parte del centro escolar lo sean en castellano, «lengua oficial en todo el territorio del Estado». En definitiva, la Justicia obliga a la Generalitat a que adopte «cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación» creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.
Asegura el TS que la Administración Pública es la responsable última del servicio de educación que presta el centro, «y no puede obligar aún a través del pretexto del uso del catalán como lengua vehicular el que las personas responsables del alumno (sus padres o tutores) no puedan utilizar en su relación con el centro el castellano como lengua cooficial en el ámbito territorial de Cataluña».
En manos de la Generalitat
Los magistrados son conscientes de que se «abre un interrogante» acerca de cuál deba ser la proporción en la que se incorpore el castellano en el sistema de enseñanza en Cataluña: «La determinación de la misma y su puesta en práctica corresponde acordarla a la Generalitat, de modo que si el Gobierno de la misma creyese que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción, y si, por el contrario, se estimase la existencia aún de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular».
