China responde duramente a las críticas del Vaticano

El gobierno chino ha respondido con palabras duras a las fuertes críticas formuladas por el Vaticano el pasado viernes contra el uso de la fuerza para reunir en Pekín la Asamblea de la Asociación Patriótica Católica el pasado 7 de diciembre y poner al frente de la conferencia episcopal a un obispo ilegítimo. El gobierno comunista califica de «peligrosa» y «dañina» la protesta de Roma contra una violación de la libertad religiosa sin precedentes.

Un comunicado de la Oficina de Asuntos Religiosos califica de «extremadamente imprudente e infundado» el comportamiento del Vaticano, que ha pasado del silencio ante los abusos a una fuerte denuncia pública en vista de que el avasallamiento de los obispos chinos se agrava hasta el punto de obligarles a acudir a Pekín para legitimar con su presencia una asamblea farsa de la Asociación Patriótica Católica, la estructura creada por el régimen comunista para controlar la Iglesia.

La Oficina de Asuntos Religiosos acusa al Vaticano de «promover conceptos políticos bajo pretexto de creencia religiosa, lo cual es muy peligroso y daña gravemente el sano desarrollo de la religión católica en China». Con gran desfachatez, el comunicado afirma que «los ciudadanos chinos gozan de libertad religiosa», y reitera que «las organizaciones religiosas no deben estar influenciadas por fuerzas extranjeras».

Después de varios años de entendimiento implícito, en los que el gobierno chino nombraba obispos sólo a candidatos aprobados expresamente por el Santo Padre, Pekín volvió a la línea dictatorial el pasado 20 de noviembre forzando la consagración episcopal de Joseph Guo Jincai como obispo de Chengde, a pesar de que el Vaticano había protestado de antemano contra esos planes.

Roma guardó silencio después de los hechos consumados pero, en cambio, reaccionó vigorosamente contra la Asamblea de la Asociación Patriótica Católica, totalmente pilotada por el gobierno. Como el Vaticano había indicado a sacerdotes y obispos que no participasen en esa reunión, el gobierno ordenó a los responsables políticos de cada ciudad con sede episcopal que utilizasen la intimidación y la policía para llevar a Pekín, en grupos aislados, a todos los obispos y sacerdotes convocados.