Castilla y León continúa siendo un alumno de «sobresaliente» en cuanto a la atención de los dependientes. Así lo determina el VI Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, reunido el pasado fin de semana en Santiago de Compostela. En concreto, los profesionales otorgan a la Comunidad un nueve sobre diez, una puntuación que sólo ha alcanzado también Castilla La Mancha y de la que el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades ha responsabilizado de forma directa a la «buena red de servicios sociales» con la que cuenta esta Comunidad, así como al trabajo desarrollado por administraciones, asociaciones de familiares, ONG y profesionales del sector. «Todos somos meritorios de esta valoración», sostuvo.
En comparación con el dictamen anterior, la calificación de Castilla y León ha aumentado en cinco décimas, dejando atrás a otras comunidades como País Vasco y Aragón, con 8,5 puntos cada una. Un hecho que el consejero atribuye a varios motivos, el primero de ellos es que, en contraste con otras comunidades autónomas, la Junta, como gobierno autónomo «cumple las leyes, sobre todo cuando se refieren a la garantía de servicios y prestaciones para quienes más lo necesitan», sostuvo Antón, para quien este documento adquiere aún más importancia porque a parte de estar realizado por una asociación independiente, las comunidades que han acompañado a nuestra región en la cabeza de la ranking han ido fluctuando con los años. Al respecto sorprende el caso de Andalucía, que tras venir ocupando los primeros lugares de la lista, cae en estos momentos a una discreta puntuación de 7,5 puntos, o Asturias, que suspende por primera vez en la aplicación de esta escala (cuatro puntos). Por el contrario, el informe da la «bienvenida» al grupo de los aprobados por primera vez a las comunidades de Extremadura y Murcia (ambas con cinco puntos), reconociendo el esfuerzo de ambas.
Desequilibrio financiero
El Observatorio ha analizado también de forma detallada la financiación del sistema. El informe pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (un 34 por ciento) y las Comunidades Autónomas (un 52 por ciento de media) —el resto lo ponen los usuarios—, cuando la normativa estatal fija un reparto al 50 por ciento. Una brecha que se ha ido incrementando desde que se aprobara la norma y que el responsable en la materia de Castilla y León, César Antón, ha venido denunciando reiteradamente. En este sentido comentó que del informe se deduce que el gasto público de media en España, descontada la aportación de los usuarios, es 102 euros por habitante, de los que 60 los ponen las comunidades y 41 el Gobierno. Un dato que se eleva en Castilla y León, donde se dirigen 130 euros, 28 más al año que la media nacional, de los que 81 los pone la Comunidad y 49 el Ejecutivo central, lo que demuestra que en esta comunidad «la dependencia es más cara», una afirmación que el consejero vincula al hecho de que existan más dependientes de mayor grado y a que se dan más prestaciones y servicios. En concreto, hasta el pasado 1 de diciembre en la Comunidad había contabilizadas un total de 54.040 personas con derecho a recibir prestaciones (un 72,01 por ciento de los dictámenes), es decir, que son de grado III y grado II, superando a la media nacional en seis puntos.
Otro aspecto en el que hace hincapié el informe es en las deficiencias del Sistema de Información Oficial de la Ley y su falta de transparencia. Algo en lo que está de acuerdo César Antón, que ha venido denunciando reiteradamente en los Consejos territoriales la falta de transparencia para saber si el Gobierno cumple con sus liquidaciones mensuales en otras comunidades —Castilla y León no recibe desde el pasado mes de agosto la aportación del Estado y la deuda se eleva ya a 30 millones de euros—.
Buenas prácticas
El dictamen ha analizado ocho buenas prácticas presentadas, de las cuales se han reconocido y validado cuatro de ellas, correspondientes a las comunidades de Galicia (protocolos de atención y transparencia del Sistema de Registro de Entidades) y Navarra (Sistema de concertación de plazas residenciales a la carta, y modelo ágil y transparente de la elaboración de PIA).
Asimismo, entre los aspectos positivos el consejero valoró que sea la primera vez que el texto puntúa la Ley de Servicios Sociales, aprobada la pasada semana en las Cortes, y que recibe la máxima calificación porque es considerada una norma «de nueva generación, ya que pasa de la asistencia social a generar derechos, servicios y prestaciones».
Por contra, el informe además recoge las principales dificultades de implantación de la prestación. En este sentido habla del incremento de personas que están en el limbo de la dependencia —aquellas que tienen reconocido un grado y nivel que les da derecho a recibir las prestaciones y servicios del Sistema, pero que aún no se les ha aprobado el PIA que les permite recibir de manera efectiva estos servicios y prestaciones—, destacando el caso de regiones como Canarias o la Comunidad Valenciana, con un 60 y un 40 por ciento, respectivamente, de personas con derecho reconocido que aún no tienen aprobado el correspondiente servicio. Un dato que en Castilla y León, recordó el consejero, mejora significativamente, ya que existen 47.598 personas que se están beneficiando de las prestaciones, el 88,08 por ciento de las personas que tienen derecho a recibirlas, 14,5 puntos más que la media nacional, «lo que demuestra la agilidad de Castilla y León en la concesión de prestaciones», remarcó. Por último, el informe denuncia el sobredimensionamiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales. Al respecto, la Comunidad vuelve a estar entre las mejores posicionadas, ya que en la región las prestaciones a través de servicios constituyen un 59,07 por ciento, siete puntos por encima de la media nacional.
