El secretario general del PSC en Lanzarote, Carlos Espino, sigue imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y fraude tras prestar declaración ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife por la querella interpuesta por la consejera delegada de los Centros Turísticos, Astrid Pérez (PP) por su gestión en dicho ente público entre 2007 y 2009.
La denuncia también acusaba a Espino de prevaricación pero el juez ha obviado este posible delito. Espino declaró durante unos tres cuartos de hora asistido de su abogada y con la comparecencia del Ministerio Fiscal. Durante su declaración, el líder de los socialistas conejeros no quiso contestar a algunas cuestiones planteadas hasta que se produzcan antes las declaraciones de algunos testigos que ha solicitado y de algunas pruebas documentales. Se de la circunstancia de que esos testigos son trabajadores de los Centros Turísticos y del Cabildo. Según Espino, ha solicitado declarar después de los técnicos para que no se pueda orientar su declaración ya que tienen dependencia directa de quien interpuso la querella. A la salida del Juzgado y en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario del PSOE señaló que está satisfecho porque cuanto más conoce de la querella, más convencido está de que se trata de una querella malintencionada «llena de mentiras y verdades a medias».
Jameos del Agua
La tesis que sostiene la nueva dirección de los Centros Turísticos, que ya ha apuntado en varias comparecencias públicas en los últimos meses, es que Espino supuestamente habría incumplido la legislación relativa a la contratación en el ámbito de las administraciones públicas. Por ejemplo, una de las contrataciones que se ha incluido en la querella es la de una cocina nueva para los Jameos del Agua, centro turístico ubicado en el municipio de Haría, al norte de la isla. Su construcción se habría contratado a finales del año 2007 por unos 225.000 euros a la empresa de un conocido afiliado del PSOE.
Además, se advierte de que pueden existir contratos de suministro inflados de precio. Pero hay más. Un posible desvío de una partida de 12.000 euros a una Fundación cuyo presidente mantuvo vínculos empresariales en el pasado con Espino. También se investiga un contrato firmado cuando ya se había producido la moción de censura a la anterior presidenta del Cabido, Manuela Armas, y por lo tanto cuando la salida de Espino del consejo era inminente, también constan presuntas irregularidades en algunos contratos relacionados con cláusulas de confidencialidad.
Espino, como volvió a reiterar ayer, siempre se ha defendido diciendo que es víctima de una operación política. Se da la paradoja de que el secretario insular socialista ha sido parte activa en la denuncia de los dos grandes casos de corrupción que se investigan en la isla: el proceso penal contra los hoteles ilegales en Playa Blanca y la Operación Unión, una red de favores y corrupción urbanística enraizada en muchas instituciones de la isla.
