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EL EX CONSELLER DE CiU ALBERT VILALTA ES UNO DE LOS PROCESADOS

Arranca el juicio contra tres ex presidentes de Ferrocarrils por malversación

J. G.

En un principio, la apertura del juicio estaba señalada para el pasado viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas, lo que habría dañado la imagen de una Convergència que ya se había librado por los pelos de nuevas declaraciones sobre el «caso Palau» gracias al lento juez Solaz y llegaba a las urnas sin sobresaltos. Pero finalmente la vista comenzará hoy, el día después de los comicios.

La Audiencia de Barcelona empezará a juzgar hoy a tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Enric Roig, Antoni Herce y Albert Vilalta —este último también fue consejero de Medio Ambiente—, acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El fiscal pide 15 años de cárcel y 18 años de inhabilitación absoluta para Roig y Herce y 13 años y 10 meses de cárcel y 15 de inhabilitación para Vilalta. Según la Fiscalía, los tres acusados, valiéndose de su cargo como presidentes —que ocuparon sucesivamente entre 1991 y 2000—, decidieron aumentar «de forma injustificada» las retribuciones que percibían tanto ellos como los directivos que del Comité de Dirección «a costa de los fondos públicos que gestionaban». Entre finales de 1990 y principios de 1991 —cuando Vilalta era presidente, Roig director y Herce director económico y financiero— los acusados constituyeron un fondo con la aseguradora Winterthur, mediante la realización de sucesivas aportaciones por un importe total de 452.242. 984 pesetas (2,7 millones de euros).

En julio de 2000 se procedió a la disolución del fondo y a rescatar los saldos existentes en ese momento, que se adjudicaron a los directivos partícipes que en esa fecha tenían contratos en vigor, decisión «claramente ilegal», ya que el beneficiario preferente debía ser FGC y, además, no concurría ninguna de las causas establecidas en el contrato para que los directivos percibieran las cantidades —jubilación invalidez o fallecimiento o baja—. El fiscal asegura que unos 15 directivos de la empresa, incluidos los acusados, percibieron «de forma ilegal cantidades millonarias en detrimento del patrimonio de FGC», bien cuando causaron baja en la empresa o bien cuando se procedió a la liquidación del fondo. La suscripción del contrato y los cobros percibidos «contravenían frontalmente la normativa». Además, se llevaron a cabo con «una incuestionable intención de ocultación», pues se materializaron sin la autorización del Consejo de Administración.

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