El alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), Jesús Martín, defendió su inocencia tras conocer con la admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) de una querella contra él por un presunto delito de «prevaricación» en relación con la adjudicación de la plaza de arqueólogo municipal en 2006. Martín atribuyó a la «envidia» la querella presentada contra él y el edil socialista, Felipe Rodríguez. «Caín mató a Abel por envidia y la envidia desafora unas pasiones bajas en el que denuncia, haciendo de este tema una manipulación política de su propio fracaso en una prueba»,dijo.
«Ni el secretario general del ayuntamiento ni el alcalde conformaron o formaron parte del proceso selectivo, por lo que malamente pude cometer un delito allá donde no estuve», justificó. En este sentido, aseguró que tiene «la percepción personal desde hace tiempo que hay gente que me tiene muchas ganas».
El alcalde aseguró que cree que su gestión, «con sus luces y sus sombras, está saliendo muy bien para la ciudad y hay gente que me tiene muchas ganas, aunque no creo haberle hecho nada malo a nadie».
El primer quiso recordar que hace cuatro años, antes de las elecciones locales últimas, «ya me llevaron a los juzgados imputándome de unos delitos falsos y hoy el imputado es el que acusaba».
Asimismo, calificó de «curioso» que un tema que viene del 2006, según el denunciante actual, «ahora, cinco meses antes de las elecciones, me impute un delito que no he podido cometer».
Presunción de inocencia
El regidor, que abogó por la presunción de inocencia de todos los miembros del tribunal, en los que se incluye una catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y un representante sindical, explicó que «éste es el precio que tengo que pagar por mi popularidad y porque la inmensa mayoría de mi pueblo me quiera».
Por último, Jesús Martín indicó que «quien cree en la justicia no la teme, y yo creo en ella y no la temo».
La querella, presentada por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo, que concurrió al proceso selectivo que tuvo lugar en abril de 2006, afecta al alcalde, al diputado socialista y al secretario general del ayuntamiento, Manuel Villajos.
