Anticorrupción acusa a Joaquín Rivero de usar información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, por presunto uso de información privilegiada en relación con la compra de acciones de la inmobiliaria. Con esta operación, en 2005, Rivero habría obtenido «un beneficio ilícito de 2,8 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada, y aprovechar este conocimiento reservado para comprar acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era beneficiario último (“Quimafe” y “Eusko Levantear”)».

Según relata el Ministerio Público, el 24 de diciembre de 2005 el empresario Luis Portillo alcanzó un acuerdo con Román Sanahuja (entonces primer accionista de Metrovacesa) y Joaquín Rivero (su presidente) para venderles las acciones que tenía de la inmobiliaria a 57,5 euros por acción, un precio «notablemente superior» a la cotización de esas fechas (51, 5 euros). El pacto no se hizo público hasta el 30 de diciembre, lo que provocó una «notable revalorización» de las acciones. Entre esas dos fechas, según la Fiscalía, «Joaquín Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esa información a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones».

Según el escrito de Anticorrupción, entre el 24 y el 30 de diciembre Rivero preparó cuatro operaciones (que se contrataron el 29 de diciembre), por las que Metrovacesa vendió 617.500 acciones de su autocartera a distintas entidades financieras y a precios de mercado. Tras la publicación del acuerdo con Portillo, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades «Quimafa» y «Eusko Levantear» al precio convenido más una comisión, «en todos los casos muy por debajo del precio del mercado». Rivero era en esas fechas beneficiario económico último de esas dos sociedades, recuerda Anticorrupción, que no descarta un posible blanqueo de capitales.

Por el beneficio obtenido, la Fiscalía recuerda que la conducta de Rivero se podría castigar con entre cuatro y seis años de prisión, multa de hasta el triple de ese beneficio e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por un periodo de entre dos y cinco años.