Hacienda sigue el rastro a la tarjeta de crédito para detectar fraudes

Los datos sobre el consumo de energía eléctrica, los cobros efectuados con tarjetas de crédito o débito o los movimientos de efectivo de más de 3.000 euros, de los que Hacienda tendrá ya información a comienzos de año, serán determinantes para que la Inspección pueda cruzar todos los datos disponibles y confirmar si cuadran o no las cifras declaradas por los profesionales.

Y es que, aunque la nueva regulación que exige a las entidades financieras dar información sobre los movimientos de efectivo que a lo largo del año hayan superado los 3.000 euros—identificando a quienes los han realizado—, entró en vigor a comienzos de año, es ahora, a comienzos de 2011, cuando la Agencia Tributaria recibirá los primeros informes al respecto.

Lo mismo ocurre con la información sobre tarjetas. Las entidades financieras informarán al Fisco sobre los titulares de cuentas en los que aparezcan ingresos por tarjetas superiores a los 3.000 euros anuales, y la cantidad total ingresada por este concepto. Con el cruce de esta información, Hacienda pretende detectar la posible desviación de ingresos procedentes de la actividad comercial o profesional hacia cuentas personales de los empresarios o dueños de negocios que disminuyen, de este modo, el volumen de facturación que declaran, y, por tanto, la factura fiscal.

Junto a los profesionales, la economía sumergida y el fraude a escala internacional siguen siendo objetivos prioritarios de la lucha contra el fraude.

López Carbajo explicó que las tareas de control han proporcionado a las arcas públicas en lo que va de año unos ingresos de 8.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año pasado. De hecho, en diez meses se ha recaudado más que en el conjunto de 2009. De esta cantidad, 1.300 millones se obtuvieron con regularizaciones voluntarias, que han crecido un 45% respecto al año pasado.

La investigación sobre los billetes de 500 euros también ha tenido sus resultados. Desde que se puso en marcha se ha liquidado deuda por 1.060 millones de euros, y Hacienda seguirá investigando.