EFE
Una veintena de empresas menos, 83 órganos administrativos suprimidos, eliminación de 24 directivos —6 consejeros y 18 altos cargos—, un recorte de 2.000 liberados sindicales... y un ahorro de 1.730 millones de euros desde 2008. Al Ejecutivo madrileño ya le salen las cuentas. Después de varios meses en estudio y negociaciones, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid consiguió ayer sacar adelante la nueva Ley de Medidas Fiscales, que prevé una de las reducciones más drásticas en la historia del sector público.
La normativa, que se ha enviado al Consejo Económico y Social (CES), recoge la supresión de 19 entidades públicas, entre las que se incluye la enajenación de la participación del Gobierno regional en cuatro sociedades públicas mercantiles como Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Gedesma. Asimismo, se eliminan 76 órganos colegiados, la mayoría de carácter consultivo, dos órganos administrativos, otros dos de capital-riesgo, así como dos consorcios y una empresa mercantil. Todo ello supondrá un ahorro de 23 millones de euros.
Entre las empresas afectadas, destacan, por ejemplo, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), Turismo de Madrid, la Sociedad Campus de la Justicia, Aeropuertos de Madrid, el Consejo de la Juventud o Arpegio.
Aguirre quiso garantizar el futuro laboral de los trabajadores afectados por esta reestructuración, ya que la «inmensa mayoría» son funcionarios y pasarán «a disposición de Personal para cubrir las necesidades del servicio» que se requieran. Otra cosa son los 24 altos cargos de dichos organismos extintos, cuyo futuro, ahora mismo, está en el aire.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, señaló que con esta reducción de empresas se cumple un compromiso adquirido por el Gobierno madrileño en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de recortar el sector público autonómico para ahorrar y hacer frente a la crisis.
Consejerías afectadas
El recorte de empresas ha afectado a numerosas consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En Vicepresidencia, Cultura, Deporte y Portavocía del Gobierno, por ejemplo, se extingue el Consejo de la Juventud, y se disuelve Alcalá Natura 21. Además, la empresa pública Hidroser (Servicios Integrales del Agua) se fusiona con Canal Extensia. En lo referente a Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. También se disuelve la Sociedad Campus de la Justicia.
En Economía y Hacienda se extingue el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), y sus competencias se integran en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disuelve Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo, el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid. Por otra parte, se pondrá a disposición de la iniciativa privada la participación de la Comunidad en el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa.
En Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en Mintra. En Medio Ambiente y Vivienda se fusionan Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se enajenará la participación en Gedesma. En Sanidad se extingue el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad, que se integra en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se integra al Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguen el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de Empleo y Mujer.
