El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar hoy el recorte y fusión de empresas públicas que Aguirre anunció antes del verano. Después de varios meses de estudios y propuestas, el Ejecutivo abordará la medida, que se recogerá dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. El objetivo del plan no es otro que continuar adelgazando la Administración regional. La iniciativa pretende suprimir un número concreto de organismos públicos que a estas alturas han pasado a ser prescindibles para las autoridades autonómicas y, además, fusionar otras empresas, con el fin de seguir conteniendo el déficit.
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La idea del Gobierno regional no es suprimir la actividad de estos organismos, sino fundirla con la de las Consejerías correspondientes, reduciendo la estructura laboral y los gastos que comporta su existencia independiente. Desde que la presidenta madrileña hizo pública la intención de la Comunidad de reducir el número de empresas, muchas han sido las quinielas sobré qué organismos se verían afectados. Entre todos ellos, hay dos que destacan por su envergadura y trayectoria: el Imade, herramienta de desarrollo económico que en tiempos de bonanza ha gestionado recursos ilimitados; y PromoMadrid, la encargada de difundir internacionalmente la imagen de la región como destino de inversión económica y empresarial.
Además del recorte de empresas, la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, según ha podido saber ABC, prevé incluir nuevas medidas de apoyo a las familias, así como más desgravaciones fiscales.
La normativa también incluirá el recorte de liberados sindicales, que la Comunidad anunció hace un mes. La medida afectará, aproximadamente, a unos 2.000 empleados públicos que a partir del próximo 1 de enero deberán incorporarse a sus puestos de trabajo y dejar de prestar todo su tiempo al sindicato.
Aunque se ofrece como algo prácticamente imposible, fuentes regionales reconocen que el Ejecutivo madrileño intentará hasta finales de este año llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales. En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reconoció ayer que de momento sólo se ha logrado que los sindicatos acepten el recorte de 75 a 40 horas.
«El número de liberados institucionales» y el «mapa de representación sindical» siguen siendo los principales escollos, según Granados. El consejero advierte que el Gobierno agotará «hasta el último momento» el plazo para lograr un acuerdo con los sindicatos, pero «haya o no haya acuerdo», el recorte se incluirá en la ley de Acompañamiento. Granados explicó que la Comunidad sólo se está adaptando a lo que dicta el Estatuto Básico del Empleado Público.
