Entidades de gestión y fabricantes, listos para la nueva batalla

¿Cómo? Por tierra, mar y aire, o tal es la impresión tras conversar con uno de los máximos expertos españoles en este tema, Santiago Mediano, un abogado a medio camino entre unos y otros, pero que ha representado a las grandes corporaciones audiovisuales americanas o a autores como J. K. Rowling en sus litigios por la propiedad intelectual en España.

¿Qué está pasando? «Las entidades de gestión —afirma— están redactando a toda prisa un borrador de real decreto, para presentarlo, que defina las operaciones que quedarán exentas, para que todo el mundo siga pagando igual y sólo empresas y profesionales puedan solicitar la devolución más adelante. Los fabricantes e importadores de soportes se niegan a pagar el canon mientras no se aclare la situación creada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y trabajan ahora mismo en todo lo contrario, quieren que pueda trasladarse la exención al precio en origen, es decir no pagar primero y recuperar después, sino que se cobre al consumidor».

Santiago Mediano nos recuerda que el canon es una compensación a los autores por la capacidad que nos da la tecnología de copiar contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual y que esa capacidad es ya considerada jurídicamente un derecho del consumidor. En España se recaudan 100 millones de euros anuales, desde que el Gobierno legisló este gravamen en 2008 (decisión impugnada por los fabricantes) pero ahora una sentencia del TJUE acaba de poner todo patas arriba al decir que no se puede cobrar indiscriminadamente. El Tribunal defiende el canon, pero exime a las personas jurídicas por entender que no usarán los dispositivos para vulnerar la propiedad intelectual. O sí, cabe añadir. Comenta Mediano con ironía que «la realidad, el uso social, es que nuestros dispositivos profesionales y de empresa también guardan contenidos sujetos a derechos y tras la sentencia ¿será ilegal y por tanto punible? ¿Soy yo un pirata?», se pregunta.

Las entidades confirmaron ayer a ABC por medio de un portavoz que trabajan con prisa para crear el modelo de devolución del canon, una ventanilla en internet, pero obviaron dar más detalles. Quieren que se demuestre fehacientemente que no se ha violado la propiedad intelectual con el dispositivo profesional, no vale con pedir factura porque «sería abrir la puerta al fraude», según Rafael Sánchez, de Egeda.

Los 100 millones de euros anuales del canon han desatado esta batalla sin cuartel. Encarecen los dispositivos que paga el consumidor y corren ríos de tinta. De los 3.900 millones anuales que gastamos los españoles en ADSL para 8,8 millones de hogares, según datos del INE, no se habla tanto, aunque también mueven contenidos.

Para Mediano, la patata caliente es política, está en manos del Gobierno: «Ahora es necesaria una iniciativa legislativa o un reglamento dictado al amparo del art. 25.7.b de la Ley de Propiedad Intelectual». Está de acuerdo en que los políticos dejaron pudrirse el debate anterior y ve al Gobierno «desbordado por completo para reconducir una situación socialmente cuestionable a través de los tribunales. Siempre responden lo mismo, que todo está en estudio. Pero no ven que hay una parálisis muy grave en todo lo relativo a la propiedad intelectual, con leyes que no se aplican, miembros de la carrera fiscal que afirman que no existe delito aunque esté tipificado en el Código Penal».

Cultura aseguró ayer a ABC que es pronto para tomar una decisión, que se ha contactado con las partes en conflicto y se llegará a una solución consensuada. «No podemos entrar en temas judiciales ni de reclamación, estamos estudiando la sentencia», aseguró un portavoz.

Sobre las entidades, Mediano dice que hay buenos y menos buenos, más y menos diligentes o transparentes, pero que no ayudan cuando caen en los excesos recaudatorios que todos recordamos. «Con sus errores han legitimado acciones contrarias a las disposiciones en vigor, y han convertido a sus protagonistas en robinhoods ».

Además, recuerda que «estando el PP en el Gobierno, Esperanza Aguirre dio posibilidad a las entidades de gestión de usar estructuras mercantiles, abriendo la opción de que entidades sin ánimo de lucro, como estas, sean propietarias de empresas que operan en el mercado en régimen de competencia. Operar así con el capital que se adquiere en régimen de monopolio quizá merece una revisión».