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Del «indicio incriminatorio» a la «mera sospecha»

Tres años de «arduas» investigaciones por presunta corrupción en Palma acaban con un archivo y una víctima política: Jaume Font

CRISTINA DE LA HOZ

Tres años de «arduas y complejas diligencias» no han conseguido demostrar los «numerosos indicios incriminatorios» sobre el Plan Territorial de Mallorca (PTM) aprobado a finales de 2004 y cuyo procedimiento se incoó en diciembre de 2007 a instancias de la Fiscalía. La semana pasada, el propio Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del caso al entender que esos «indicios incriminatorios» han acabado convertidos en «meras sospechas en base a las cuales no puede constituirse una acusación».

Entre medias, después de tres años de periplo judicial, queda como víctima política el ex consejero de Medio Ambiente del gobierno balear y ex portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font, cuyo jefe de filas, José Ramón Bauza, decidió el pasado mes de septiembre excluirle de las listas para las elecciones de 2011 por estar imputado en el caso que ahora, treinta y seis meses más tarde, los Tribunales han sobreseido.

El auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca es solo un ejemplo de la indefensión en que quedan en muchos casos cargos políticos a los que se acusa de supuestas actuaciones corruptas que luego no son tales o al menos no se pueden demostrar.

Hace tres años «los numerosos indicios incriminatorios» permitieron que la denuncia del Ministerio Fiscal iniciara este procedimiento por presunto uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. Casi nada.

Según se reconoce en la resolución (de archivo), durante la instrucción del caso se tomó declaración a «numerosos» testigos, autoridades políticas y particulares, constructores imputados y encargados de la elaboración del Plan Territorial de Mallorca. Pero tales indicios «a pesar de las arduas y complejas diligencias practicadas, no se han visto recompensados con resultado positivo alguno, ni respecto de los hechos investigados ni respecto de la autoría de los presuntos delitos y, como dice el Ministerio Fiscal —en su petición de sobreseimiento— no constituyen sino “meras sospechas en base a las cuales no puede constituirse una acusación”».

Los hechos acaecidos en torno al Plan Territorial permitían suponer, según los denunciantes, connivencia entre distintos dirigentes políticos de Mallorca y algunos constructores mediante la cual, «por el trasvase de información privilegiada de los primeros a los segundos y supuestamente a cambio de alguna dádiva» los constructores habían adquirido la propiedad de unos terrenos, cuya calificación pasaba a ser urbana en el caso de que fuera rústica y que por estar incluidos en unas áreas de reconversión territorial «les permitía construir en dichos terrenos con enormes beneficios empresariales».

La causa ya se sobreseyó parcialmente respecto de algunos constructores tras la constatación de que varios de esos terrenos ya eran de su propiedad antes de la aprobación del PTM o gozaban de algún tipo de licencia urbanística.

Sobreseimiento provisional

Sin embargo, no todo van a ser buenas noticias para los imputados, entre ellos Jaume Font, puesto que el Juzgado archiva la causa de forma provisional y no ha accedido al sobreseimiento libre solicitado por alguna de las partes. Y ello porque, como se señala en el auto, «no puede descartarse definitivamente la comisión de los hechos o/y delitos denunciados», a pesar de que hasta este momento esas «arduas investigaciones» no han demostrado la existencia de irregularidad alguna.

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