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El Gobierno se «quema» con el carbón

Endesa, Iberdrola y Gas Natural obtienen respaldo en su batalla jurídica contra Industria

mario s. guillén

Sucesión de noticias en la semana que se acaba respecto al «caso del carbón», otro frente económico que el Gobierno ha abierto y que , por el momento, suma otro problema a la ya de por sí conflictiva política energética y se suma al debate nuclear o las primas a las renovables.

El entramado legal que se ha formado es denso y promete no resolverse en un tiempo. El miércoles, el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo aceptó aplicar medidas cautelarísimas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar válido el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional.

El sector rechaza «que un negocio rentable subvencione otro deficitario»

Esta decisión, según fuentes del sector eléctrico, es «muy poco habitual» y a ella se suma la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en suspenso la obligación de las compañías eléctricas de presentar las solicitudes para la compra de carbón, en las que tenían que especificar las cantidades de carbón solicitadas y sus volúmenes de producción. Ahora, se paraliza esa orden y el Tribunal Supremo decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas.

Frente a los sucesivos reveses judiciales, sin embargo, el Gobierno ha asegurado que no dará su brazo a torcer y que confía en sacar adelante el decreto por la vía judicial.

Iberdrola, Endesa y Gas Natural (a través de Fenosa) son las tres compañías más afectadas. Algunas como Iberdrola, cuentan según sus datos con un «mix energético» con poca presencia del mineral negro, mientras que Fenosa o Endesa sí tienen centrales importantes. Todas ellas prefieren mantener cautela respecto a lo que va a pasar en el futuro mientras la decisión judicial definitiva esté todavía pendiente.

Pero desde el sector eléctrico no se ocultan los puntos flacos de la postura de Industria. «En el fondo, se está defendiendo una energía menos eficiente, más contaminante y más cara, que además interviene y distorsiona el libre mercado». Uno de los mayores argumentos de Industria es la necesidad de garantizar el suministro. Desde el sector energético se rebate este argumento, recordando que el cierre de la central nuclear de Garoña se produjo a pesar de que iba en contra de esta tesis. Además, se argumenta que lo verdaderamente estratégico es mantener las reservas propias de carbón en momentos en que no hay problemas de abastecimiento energético para poder explotarlas cuando realmente urja.

Otros expertos en el mercado aseguran que el Gobierno es de la opinión de que la energía generada con carbón es «relativamente barata y contribuye a la reducción del déficit de tarifa», aunque de ser así, aseguran, no tendría que ser impuesta sino que las propias compañías eléctricas la tendrían como prioridad. Otro argumento es el ecológico (las centrales de carbón emiten tres veces más que las de ciclo combinado).

Satanización

Mientras tanto, los políticos ya están en época preelectoral y algunos ya están acusando indirectamente a las eléctricas de ser responsables de los cierres de minas. El consejero de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ya advirtió el viernes de que las eléctricas «tienen enfrente un grupo de presión de los ciudadanos y los trabajadores, mientras que sólo miran la cuenta de resultados».

Si finalmente la justicia echa atrás el decreto, las eléctricas podrían ser señaladas directa o indirectamente como culpables, aunque se defienden asegurando que «el sector eléctrico no tiene la culpa de haber hecho lo que pidió el Gobierno: más renovables y más energías limpias».

Mientras tanto, desde Industria apenas se quiere hablar del tema, y no se pronuncian sobre la posibilidad de poner ya el decreto en marcha arriesgándose a luego tener que devolver dinero si hay fallo en contra. Pero se recuerda que, por el momento, el carbón no ha empezado a quemarse en las centrales españolas como contempla el decreto.

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