EN España, uno de los pocos lugares del mundo donde el escándalo público nunca va acompañado del análisis de su génesis ni precede a las medidas que impidan su repetición, tenemos tan encallecida la conciencia colectiva que hemos perdido la capacidad de sorprendernos con lo que nos pasa. Los mismos argumentos que produjeron, sin mayor trascendencia, la perplejidad de nuestros bisabuelos servirán para desencadenar la de nuestros bisnietos y así mientras aguante el cuerpo nacional. En España no se escribe la Historia, se escarabajea y por eso, ante la imposibilidad de aprender con la experiencia, vamos como vamos. Y peor que iremos. Ayer, en los mentideros capitalinos que no comenzaron el puente de Todos los Santos anteayer, se hablaba unánimemente de la última convocatoria de las Cortes Españolas para cubrir treinta plazas de ujier en las dos Cámaras. Se presentaron 17.000 aspirantes. Es decir, como si todo San Lorenzo del Escorial, lactantes incluidos, quisieran lucir el uniforme azul de tan significativo empleo. Más de 6.000 efectuaron las pruebas de selección y, entre los 30 que obtuvieron plaza, son varios los de titulación superior, desde licenciados en Derecho a ingenieros de Telecomunicación o arquitectos.
Siempre con el paso del escándalo cambiado, como corresponde a nuestro modo nacional de ser, lo que soliviantaba el ánimo de las tertulias cafeteras en las que se invierte una parte de la jornada laboral era el dramatismo de una crisis que conduce a quienes tienen una alta cualificación académica a aceptar un trabajo «menor». Como si hubiera distintas tallas en eso del empleo. Quienes han opositado a ujieres del Congreso y del Senado no lo han hecho seducidos, supongo, por el dorado brillo de las bocamangas del uniforme; sino por lo segurito del empleo. Son, decían, «plazas en propiedad».
¿No debiera ser la pieza principal del escándalo, si es que hay que escandalizarse para ser un buen ciudadano, el hecho de que se convoquen, ya en el siglo XXI, puestos de trabajo de claro anacronismo y cuyo principal atractivo está en su inexpugnabilidad? Un ujier de una institución, pública o privada, tiene en nuestros días la misma funcionalidad que un sereno de los de antes, o la de un farolero con perilla para encender la luz de gas. No contentos con gastarnos una fortuna pública en formar a un titulado superior, ¿le condenamos de por vida —por feliz que le haga la condena al interesado— a realizar una función que, como la de los aguadores o los maleteros de estación, ya no tiene razón de ser? Seguramente no tenemos arreglo y ese es, en verdad, el motivo del escándalo.
