entrevista
«La SGAE ha perdido el tren de la tecnología y nos lo hace pagar»
Convertida en símbolo de usuarios y pequeños comerciantes, la impulsora del proceso judicial cree que la sentencia obliga a las entidades de gestión a frenar su voracidad
M. A. BARROSO
El caso Traxtore ( www.sgaecontratraxtore.com ) es un clásico entre los hostiles a la Sociedad General de Autores, y Ana María Méndez se ha convertido en el símbolo de este pulso. Regenta una pequeña tienda de informática en Barcelona que ayer fue lugar de peregrinación de ... clientes y periodistas una vez que saltó la noticia. El largo litigio entre la empresa de Ana María, Padawan, y la entidad de gestión, ha acabado con triunfo de la primera, «aunque la pelea no ha terminado».
«La sentencia europea devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, que debería declarar nula la auditoría a que nos sometió la SGAE para cobrar el canon de manera retroactiva, cuando todavía no se había publicado la ley ni establecido las tarifas», señala Méndez.
En 2004 la SGAE le exigió 48.000 euros por el canon digital aplicado a los dispositivos de almacenamiento comercializados por su compañía entre 2002 y 2004. «Me advirtió mediante una circular de que a partir de septiembre de 2003 los mayoristas me cobrarían el canon, pero no lo hicieron. En aquella época muchos de ellos ofrecieron a las tiendas restos de stock asegurándoles que estaban exentos de pago. En ese periodo se vendieron millones de CD y DVD vírgenes. Y cavamos nuestra tumba. En vez de ir a por los verdaderos culpables, enviaron una auditora para analizar mis libros. Me ofrecieron una rebaja sustancial, con posibilidad de pagar en cómodos plazos, pero me negué y el asunto acabó en los tribunales». Padawan argumentó que esos soportes no siempre se utilizan para grabar obras protegidas por derechos de autor, sino también datos privados o empresariales.
En junio de 2007 el juez dictó sentencia favorable a la SGAE y se ejecutó un embargo por valor de 21.000 euros sobre las cuentas y bienes de Padawan. Los responsables de la empresa presentaron recurso y un año después la Audiencia Provincial elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. «Durante este tiempo más del 40 por ciento de los comercios del ramo han echado el cierre y los supervivientes nos hemos tenido que reinventar para sobrevivir. Entretanto, la SGAE ha perdido el tren de la tecnología y nos lo hace pagar. No se puede cobrar una tasa a todo el mundo de forma indiscriminada, ni retorcer el derecho hasta la náusea».
Tras la sentencia europea, Ana María cree que el escenario debe cambiar. «En 2006 la entidades de gestión dijeron que querían recaudar cien millones de euros al año. El Ministerio de Industria les dio el listado de productos susceptibles de gravamen, y entre todos hicieron la cuenta de la vieja: a los CD les metemos tanto, a los discos duros, tanto... Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Ahora, la ministra Sinde dice que buscará alternativas. Que empiece sentando en la misma mesa a la SGAE, los comerciantes y los consumidores».
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