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Garantizadas por ley ayudas económicas a 27.000 familias

La Ley de Familias Numerosas y Maternidad reconoce a la mujer embarazada como «elemento imprescindible de la familia»

JCCM

PILAR HERNÁNDEZ

A más de 27.000 familias numerosas de Castilla-La Mancha va dirigido el proyecto de Ley de Familias Numerosas y Maternidad, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y que ayer detalló la portavoz regional, Isabel Rodríguez, quien aseguró que se garantizará por ley las ayudas económicas y el acceso a los servicios públicos; además la futura normativa tendrá un apartado específico para la maternidad, con apoyo a la mujer embarazada durante la gestión y después del nacimiento de su hijo.

Con esta ley, según indicó Rodríguez, no sólo se reconoce a la familia como célula fundamental de la sociedad sino que, además, reconoce el esfuerzo que supone para una familia tener tres o más hijos, sobre todo en momentos de dificultad económica como los actuales. Todo ello hace que Castilla-La Mancha vuelva a ser, según recalcó la portavoz, «pionera» al reconocer como derecho las acciones e iniciativas adoptadas para mejorar la calidad de vida de las familias numerosas.

Se reconoce por ley como derecho la ayuda económica directa que concede la Junta de Comunidades a los hijos de familias numerosas hasta su mayoría de edad y que suponen un mínimo de 35 euros mensuales por hijo. Así, una familia con tres hijos recibiría una cantidad anual cercana a los 1.300 euros.

Descuento transportes

También son significativos los descuentos en los transportes interurbanos públicos de viajeros por carretera, que se hacen de hasta el 50% del importe del billete, con carácter universal, a todas las familias numerosas residentes en la región. Un descuento muy superior al del ámbito estatal que es del 20%.

También habrá bonificaciones y descuentos que reciben las familias numerosas en el uso de determinados servicios públicos o la garantía de baremación más alta para poder acceder a la adjudicación de plazas, tanto en centros educativos públicos y concertados, como en residencias universitarias, comedores escolares o becas.

En cuanto al reconocimiento de la madre, se consolidarán los servicios públicos y el voluntariado social de apoyo a la mujer embarazada, con el fin de evitar posibles desigualdades o que la mujer no tenga recursos para sacar adelante su gestación. Además, se reconoce que toda mujer embarazada tendrá derecho a ser informada y asesorada sobre las ayudas y apoyos que puede recibir.

Denuncia asociación

Según indicó la portavoz del Gobierno regional, este nuevo proyecto de Ley ha sido elaborado con la participación y el consenso de las entidades representativas de este colectivo en la región, sin embargo, ayer, una de ellas, la Federación Castellano-Manchega de Familias Numerosas, remitía un comunicado en el que denunciaba la suspensión de ayudas para conciliar trabajo y familia.

En concreto, advertía de que se han dejado de convocar las ayudas previstas en el Plan Regional para la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, 2007-2010, que preveía ayudas en dos ámbitos, las dirigidas a empresas para contratos de sustitución y para fomentar el empleo de la mujer; y las destinadas a trabajadores para el cuidado de menores o dependientes si solicitan reducción de jornada o excedencia, o para desempleadas. La convocatoria de ayudas se paralizó en el año 2009 «sin que nadie nos indique los motivos», aseguraba la Asociación.

Reducción organismos

La portavoz dio cuenta también de otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, el proyecto de Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta, necesario para la eliminación de algunos organismos públicos y empresas, dentro del plan de ajuste anunciado por el presidente del Gobierno regional, José María Barreda.

Rodríguez indicó que el proceso de reordenación del sector público esté concluido el 1 de enero de 2011 y argumentó que con estas modificaciones se trata de ahorrar, «de ser más austeros, de proporcionar una mayor coordinación y exigir más trabajo por parte de todos los departamentos y todos los empleados públicos».

Los organismos autónomos que se eliminarán son la Agencia de Calidad Universitaria, el Instituto de Consumo, el de Estadística, el de Mujer y el de Juventud. Además, desaparecerán cinco empresas y una fundación. Así, se está modificando la Ley del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) para que este instituto asuma las actuaciones de la Agencia de Captación de Inversiones. Del mismo modo, se está modificando la Ley de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) para que asuma la actividad de empresas como Servicios Hospitalarios Generales, que también se dedicaba a la construcción de infraestructuras de este tipo.

También se modificará la Ley del Cuarto Centenario para unir la empresa de conmemoraciones de El Quijote, el Instituto de Promoción Turística (IPT) y la Fundación Mezquita de Tornerías en una sola «que se dedique a difundir la promoción cultural, artística y turística de la región».

Además, se está modificando la Ley creadora de la empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), que va a asumir las tareas de la empresa de Servicios de Inspección y Certificación Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

Unas modificaciones que fueron criticadas ayer por el PP, al considerar que más que reordenación se trata de «colocación». Así lo indicó el secretario general del grupo del PP, Marcial Marín, quien indicó además que «llega tarde». Aseguró que las empresas públicas de la comunidad son las segundas más endeudadas de España, con mil millones de euros de deuda. Y puso en duda que vaya a haber un recorte del gasto, pues cuando Barreda redujo de catorce a diez las consejerías de su Gobierno y posteriormente de diez a siete «siempre subió el gasto de personal y el gasto de funcionamiento».

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