CONTENGAMOS por un momento los juicios de valor, no nos indignemos ante los acontecimientos y procuremos entender los hechos. Con frialdad, tirando de la innata razón analítica que asiste a los humanos. Tratemos de identificar la extraña lógica del comportamiento del Gobierno central en Galicia. Tomemos un caso significativo, el decreto del carbón.
La medida consiste simple y llanamente en «ordeno y mando que todas las centrales térmicas consuman carbón producido en territorio español para la producción de electricidad». Como todo ciudadano sabe, sin necesidad de ser economista titulado ni adscrito a la corriente liberal, imponer el uso de una materia prima siempre tiene unos costes superiores al de la libre elección. Porque de lo contrario la obligación sería innecesaria. En este caso, la imposición es imprescindible porque el carbón interior resulta más caro de producir, también más contaminante y de menor productividad energética. Triple línea de inconvenientes que han hecho que las empresas con más visión de futuro lo hayan ido desechando, modernizándose y reestructurándose para utilizar carbón importado. Es el caso de dos plantas en Galicia, la de As Pontes y la de Meirama.
El Ordeno y Mando del decreto exige para su cumplimiento el abonar una notable subvención para compensar la diferencia entre los elevados costes de producción del carbón nacional y su precio de viabilidad para las plantas de transformación. Además, como estímulo suplementario, se les garantizará la venta preferente de la producción eléctrica elaborada con el privilegiado fósil hispano. Solo en desembolsos presupuestarios públicos directos se estima que la medida rozará los 1.500 millones de euros anuales; unos 6.000 millones de euros hasta 2014; fecha de vigencia de la medida.
Tendrá otros costes, públicos y privados. Los más evidentes son los perjuicios para las centrales ya recicladas, como las gallegas, que prácticamente tendrán que cesar la producción. Además habrá deseconomías inducidas en puertos de descarga de Ferrol y Coruña, pérdidas en el transporte, merma fiscal en Galicia y los efectos depresivos por menor actividad económica.
Hay más inconvenientes, los derivados de los costes de oportunidad de las decisiones ineficientes y los propios de retroceder en la dinámica de la modernización económica. Los teóricos beneficiados son empresas mineras que producen carbón ineficiente, que tendrán salida a un carbón ya obsoleto. Y que solo la movilización de un número decreciente de mineros, —un puñado de miles en la actualidad—, había otorgado valor sociopolítico, vía su sacrificio militante.
Obviamente, quien va a pagar el grueso de las pérdidas financieras es el Presupuesto Público, es decir, todos los contribuyentes de España. Además de por la vía de un aumento de la tarifa en el recibo de la luz. Ninguna imposición sale gratis. Los gobernantes no pagarán personalmente, pero no está claro que estén sopesando bien sus intereses políticos. Son pocos los beneficiados por tan alto coste económico y además podrían dedicarse estos fondos a medidas de muy superior alcance electoral.
Un dato orientativo: según la propia ministra de Economía, el ahorro de congelar las pensiones contributivas será de unos 1.500 millones de euros. Perjudicando a seis millones de pensionistas, con un impacto en desconfianza, temor, incertidumbre y descrédito político de evidente relieve. Tal defección podría evitarse sin despilfarrar de manera tan arcaica y rudimentaria como se está haciendo con el decreto del carbón.
Anótese asimismo la ingenuidad de no anticipar la reacción social en las áreas afectadas; que además de ser demográficamente importantes —solo la provincia de La Coruña tiene una población equivalente a la de toda Asturias— son técnica y profesionalmente de las más avanzadas en el ámbito energético.
Y para cerrar los despropósitos recuérdese que este decreto se adopta en un momento en el desciende el Presupuesto del Estado —aunque suban los impuestos—; se aprietan los cinturones de autonomías y ayuntamientos en año electoral y se están dando mensajes agónicos a los prestamistas internacionales para que no dejen de refinanciar la deuda española.
Todo este cúmulo de errores encadenados es sintomático del estado anímico, político y profesional del Gobierno de España. La inferencia más elemental es concluir que ha perdido incluso el sentido común electoral, el más elemental instinto político. Nostálgico de los tiempos de Jauja, cuando todo se asentaba en un subterráneo endeudamiento exponencial, es incapaz de aceptar la realidad a la que nos han conducido sus ilusiones. Solo le queda el camino de la penosa y sistemática rectificación. Esperemos que en sus últimos desvaríos no nos ocasione lesiones irreversibles.
