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El dinero público es de todos

«Peor todavía que creernos ricos sin serlo es haber pensado que teníamos plena democracia sin tenerla, ni hacer nada por ganárnosla. Es la causa de que la corrupción se haya extendido e incluso se haya metastasificado en sus diversos órganos»

Día 14/10/2010
ABC ha propuesto a sus lectores «una reflexión sobre la regeneración ética de la sociedad española, víctima de una epidemia de corrupción». ¿Se me permite opinar como lector? Espero que sí, como espero que sean muchos los que lo hagan como requiere el problema: metiendo el bisturí a fondo y sin contemplaciones, única forma de eliminar el tumor.
Lo primero que hay que apuntar al enfrentarse con él es la diferencia entre corrupción y delito. El delito es un hecho concreto, mientras la corrupción es un estado general. El delito lo comete un individuo (aunque puede unirse a otros para cometerlo), mientras la corrupción es una situación extendida. A la luz de las cifras —730 casos judiciales y 4.000 millones de euros saqueados a las arcas públicas— podemos decir que esa lacra se ha instalado en España. Ahora, nos falta averiguar por qué, hasta qué punto y encontrarle remedio, que puede ser lo más difícil.
El origen es bastante claro: la falta de democracia. Lo que se instaló en España tras la muerte de Franco no fue una auténtica democracia, fue una «partitocracia», al dejarse en manos de los partidos los principales resortes del Estado. Mientras en la verdadera democracia, los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— se equilibran entre sí, en España tenemos que el partido de gobierno no sólo controla el ejecutivo, sino que le es relativamente fácil controlar el legislativo —comprando alianzas si no tiene la mayoría absoluta— y puede controlar indirectamente la justicia a través de un Consejo General del Poder Judicial elegido en buena parte por las Cámaras, órgano a su vez superior de la magistratura. Si a ello añadimos que la Fiscalía General del Estado depende del ministro de Justicia, tendremos una vía indirecta por la que el Gobierno, y el partido que lo ocupa, puede influir en los procesos. Por si ello fuera poco, quiere darse a los fiscales poderes para abrir causas, hoy en manos de los jueces. Es fácil imaginar qué podría ocurrirnos y los peligros que correríamos. En cualquier caso, tenemos algo muy parecido a una «dictadura de partidos», no mucho peor que la dictadura a secas, pues al llevar ropaje democrático resulta más difícil desenmascararla. Y las dictaduras, como el poder absoluto, ya sabemos lo que generan: corrupción. No es casualidad que los grandes casos de corrupción en España se hayan dado con mayorías absolutas tanto del Gobierno central, como de los autonómicos, como de los ayuntamientos.
Su segundo foco es la falsa idea que tenemos los españoles de la democracia. Nuestro poco contacto con ella nos ha hecho identificarla con la libertad, y basta. Cuando la democracia tiene una segunda pata, tanto o más importante que la primera, la responsabilidad, pues la libertad sin responsabilidad conduce a la anarquía o a la corrupción, mientras la responsabilidad sin democracia conduce al autoritarismo en sus diversos grados, desagradables todos ellos, pero nunca tanto como la anarquía. «Responsabilidad individual y colectiva», es la mejor definición que he oído de la democracia. Pero en España, dice usted «responsabilidad», y todos salen corriendo. Aquí, nadie se hace responsable de lo que hace ni de los daños que causa, cuya culpa será siempre de los demás. E incluso cuando no hay nadie a quien poder cargársela, siempre habrá una excusa justificativa. Lo que ha ido haciendo penetrar la corrupción en todos los tejidos de la sociedad, en todas las capas sociales y en todos los partidos políticos. Incluso nos hemos inventado una palabreja para rebajarla de grado y hacerla más digerible: «corruptela», la pequeña corrupción, la del que acepta regalos en la cúpula de un partido o la del que ingresa en uno de ellos a ver si coloca al hijo tonto, pues el listo ya se arreglará por su cuenta. Sin pensar nadie que está quitando una plaza a quien la merece o creando una plaza innecesaria, peor todavía, pues se está estafando a todos. Claro que como «el dinero del Estado no es de nadie», según aquella ministra, tampoco es realmente delito. ¿Hay mayor prueba del grado de irresponsabilidad y de corrupción instalado en nuestra sociedad? «La corrupción del Gobierno comienza por la corrupción de los principios», dijo el filósofo. El vulgo lo traduce por «El pescado empieza a pudrirse por la cabeza».
Una vez establecido el origen de la corrupción en nuestro país, nos queda lo más difícil: atajarla. Para la primera fuente de la misma —la partitocracia— el remedio, teóricamente, es fácil: reformar nuestro ordenamiento constitucional, dejando a los partidos en lo que nunca debieron dejar de ser, los canalizadores de la voluntad popular, sin mayores poderes que los demás órganos del Estado, y sometidos, como todos ellos, al control de la ley. En otras palabras: establecer un auténtico balance de poderes entre el Gobierno, las Cámaras y los Tribunales, única forma de evitar los abusos y, caso de que ocurran, castigarlos. Pero eso, a simple vista tan sencillo, es muy difícil en España, al requerir una reforma de la Constitución. Y hay demasiados interesados en dejarla tal como está, empezando por los partidos grandes y pequeños, muy especialmente los nacionalistas, que hasta ahora han sido los que más se han aprovechado de ella. O sea que, de momento, no hay muchas posibilidades de cambio por ese lado.
Aunque más difícil, o por lo menos más largo, es el otro requerimiento para acabar con la corrupción: proscribir los usos instalados en la sociedad que hacen prevalecer el interés particular sobre el colectivo. En España sigue imperando el «yo a lo mío, y el que venga detrás que arree», tanto en las relaciones personales como en las comunales. Aquí, el único colectivismo que se practica es el de la familia, partido o región, y ni siquiera siempre. El «bien común» es un concepto abstracto, en el que muy pocos piensan y casi nadie practica. Es ésta una vieja carencia de España, a la que se ha venido a añadir los nacionalismo disgregadores, que hacen difícil la visión del conjunto y la solidaridad ciudadana. Que los intereses de las partes prevalezcan sobre los de la nación es una patente de corso para que los aprovechados entren a saco en las arcas públicas, como ha ocurrido en muy distintas comunidades. No existe realmente una «sociedad civil», y sin sociedad civil no puede darse una verdadera democracia. La ética ha sido incluso borrada de los planes de estudio, sustituida por ese engendro llamado «educación de la ciudadanía», que no crea ciudadanos, sino zombis de una determinada ideología. Es más, la hemos visto desaparecer de la educación familiar, y ahí tenemos a padres protestando por las malas notas de sus hijos, aunque se las merezcan, o enfrentándose en la piscina con los socorristas que intentan evitar sus gamberradas. Peor todavía que creernos ricos sin serlo es haber pensado que teníamos plena democracia sin tenerla, ni hacer nada para ganárnosla. Es la causa de que la corrupción se haya extendido por España e incluso se haya metastasificado en sus distintos órganos.
Quiero decir con todo ello que si salir de la crisis económica va a sernos largo y difícil, eliminar la corrupción va a costarnos aún más tiempo y esfuerzos. Pero la alternativa es dramática: o regeneramos nuestra vida privada y pública o nos resignamos a ser comparsas en la escena mundial. Pues corrupción y excelencia son incompatibles por la sencilla razón de ser la primera enemiga a muerte de la segunda.
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