Por mucho que se esfuerce el secretario general de UGT-Canarias, Juan Francisco Fonte, en desvincular al sindicato de Fundescan, los hechos van diciendo lo contrario. Si hace un par de semanas este periódico adelantaba que se había admitido a trámite una querella criminal contra el sindicato por un presunto delito continuado de apropiación indebida, ahora el Juzgado de lo Social Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria considera como hecho probado que el sindicato pagaba las nóminas de su cúpula dirigente con fondos de Fundescan, obtenidos través de diversas subvenciones públicas para organizar cursos de formación de empleo.
Según informó ayer el digital canariasahora.com, una sentencia favorable a nueve trabajadores demuestra, a juicio del magistrado Díez Moro, que al menos tres altos dirigentes de UGT Canarias estaban dados de alta en la Seguridad Social como empleados de Fundescan entre 1998 y 2005. Los trabajadores han logrado el levantamiento del velo judicial para relacionar directamente a UGT Canarias y Fundescan y, por tanto, convertir al sindicato en responsable solidario con la Fundación del pago de sus nóminas.
Carlos Ucha figuró en la Seguridad Social, a cuenta de Fundescan, desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 19 de junio de 2002, en un primer periodo, del 21 de junio de 2002 al 31 de agosto de 2007, en un segundo periodo de vida laboral, y del 27 de julio de 2009 al 15 de mayo de 2010, en este último caso, formalmente como gerente de Fundescan. El ex secretario de organización Miguel Ángel Barrios (1998-2005) figuró entre el 1 de agosto de 1998 y el 1 de diciembre de 2005 dado de alta por Fundescan, mientras que el ex secretario de Acción Sindical (1998-2002) y Coordinador de Federaciones (2002-2005), Hermógenes Hernández, lo hizo desde la misma fecha hasta el 30 de noviembre de 2005, año en que accedió a la secretaría general Alicia Rodríguez, en sustitución de Ucha. El magistrado ha considerado como prueba clave el testimonio de Rodríguez, que reconoció que la decisión de pagar las nóminas con fondos de Fundescan se hizo «para aliviar económicamente al sindicato».
Gastos internos
En la sentencia también se recogen unas partidas del Gobierno de Canarias, de 2006 a 2009, concedidas como subvención pública del Servicio Canario de Empleo (SCE) a Fundescan para desarrollar cursos de formación, en la que se incluyen partes como «gastos internos asociados» que fueron destinados para pagar nóminas de trabajadores de UGT sin que tuvieran nada que ver con Fundescan. De la subvención de 2006 que ascendía a 2.375.249,26 euros, 135.349,62 euros fueron destinados a esos pagos salariales. En 2007 la cifra alcanzó los 142.083,85 euros de los 2.307.927,50 euros de la subvención del SCE y en 2008 se disparó hasta los 424.683,13 euros del total subvencionado de 2.924.522,50 euros.
El conflicto de Fundescan arranca a comienzos de año cuando las deudas, superiores a los ocho millones de euros, empieza a asfixiar a la entidad. La solución ha sido presentar un concurso de acreedores y negociar las bajas de sus 160 empleados sin pagarles la indemnización correspondiente. Muchos aún están atascados en los juzgados a la espera de resolver sus contratos.
