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Galicia / TRIBUNA

«Sexenios: histórico acuerdo entre decanos y rectores de Economía y Empresa»

Maite Cancelo es la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela

Día 11/10/2010
Los sexenios de investigación son un complemento, inicialmente retributivo, al que puede optar el profesorado universitario tras someter 5 publicaciones de un tramo de 6 años a una evaluación realizada por unos Comités Asesores dependientes de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) dependiente del Ministerio de Educación.
Este complemento se ha convertido en requisito, entre otras cosas, para la promoción a titular o catedrático de universidad, a partir de la entrada en vigor de la LOU y de la LOMLOU. Por ello, desde el año 2002 numerosos colectivos de profesores (asociaciones científicas de profesores, conferencias de decanos, departamentos, facultades, federación de catedráticos, sindicatos y sobre todo, los más de 2000 profesores firmantes del manifiesto de los sexenios) vienen reclamando un cambio en el sistema de concesión de los mismos pidiendo, sobre todo, transparencia en el procedimiento: criterios claros, objetivos y conocidos, comisiones elegidas por sorteo, revisión del proceso de revisión, etc.
Estas críticas han sido mucho más numerosas entre los profesores de las áreas de economía y empresa, incluidos en el llamado campo 8, ya que la aplicación de los criterios en este campo han sido más duros y menos objetivos que en los restantes ya que entre los años 1989-2005, según datos de la propia CNEAI, frente al casi 70% de profesores de derecho (área comparable con la nuestra) que tienen un sexenio reconocido, en nuestro campo (el más perjudicado) a sólo el 36% por ciento de profesores le han reconocido un sexenio (la media es de un 62% y hay campos como el de biología celular y molecular donde el porcentaje sube al 95). Como consecuencia directa de esta diferencia en los resultados de la evaluación nos encontramos con que los profesores de economía y empresa tienen más dificultades para poder acreditarse para titulares o catedráticos (el diferencial con otras áreas está comprendido entre 20 y 30 puntos).
Las graves deficiencias de la evaluación han sido recogidas por el hasta hace poco Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en los informes de esa institución de los años 2004 y 2005 y en febrero de 2009 se aprueba por unanimidad de los miembros de la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado de España, la iniciativa propuesta por la senadora santiaguesa Mª Jesús Sainz García, a instar al Gobierno a: «Se establecerán unos criterios y baremos objetivos para la evaluación, que garanticen la transparencia y la equidad en su aplicación y que deberán ser conocidos, no sólo antes de la presentación de las solicitudes de evaluación, sino con la suficiente antelación para que los investigadores puedan adaptar su perfil investigador a dichos criterios. En particular se tendrá en cuenta la publicación en las lenguas españolas u otras que resulten adecuadas a la temática de la investigación».
Llegados a esta situación, los rectores de este campo, liderados por el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, constituyen un grupo de trabajo dentro de la CRUE para debatir unos criterios, objetivos y públicos, de valoración de la investigación en economía y empresa, siguiendo el texto aprobado por el Senado y que corrijan la grave situación a la que ha llegado el profesorado de estas áreas y se han presentado ante el pleno de la Conferencia Española de Decanos de Economía y Empresa el pasado 4 de octubre, reunión en la que, después de un amplio debate y por unanimidad se aprueban para su presentación ante la Comisión de Ciencia e Innovación del Senado y ante el Ministerio de Educación.
Entre decanos y rectores se encuentran profesores de todos los campos de conocimiento de un total de 64 universidades de España y por primera vez en la historia se han consensuado unos criterios son un punto de equilibrio entre los deseos de los diferentes colectivos, y que reducirán la subjetividad de la evaluación actual, reducirán los desequilibrios de estas áreas y mejorarán el rendimiento investigador de este profesorado por su carácter incentivador.
Ahora, solo esperamos que desde el Ministerio se cumpla la recomendación surgida por unanimidad del Senado y se acepten estos criterios también aprobados por unanimidad de los representantes elegidos democráticamente, por los profesores de economía y empresa de las distintas universidades.
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