Mientras los dirigentes de países como Estados Unidos, Francia o Alemania habían exigido a China la liberación del disiente Liu Xiaobo, galardonado con el premio Nobel de la Paz, el Gobierno español no había hecho hasta las siete de la tarde de este viernes ningún pronunciamiento sobre la decisión del Comité del Nobel, que ha provocado las iras del régimen de Pekín.
Portavoces gubernamentales y del Ministerio de Asuntos exteriores indicaron a ABC poco antes de esa hora, que no había en principio intención de hacer ningún comunicado sobre el asunto, aunque no descartaban que, en su momento, el jefe del Ejecutivo se pronunciara.
José Luis Rodríguez Zapatero viajó hace poco más de un mes a China, donde se reunió con el primer ministro, Wen Jiabao, quien reiteró que consideran a España un país amigo. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no sacó en la conversación la cuestión del respeto de los derechos humanos en el país asiático, argumentando que ese asunto se trata con las autoridades chinas a nivel europeo.
Intereses económicos, por delante
Lo cierto es que el Gobierno español, lo mismo que los de la gran mayoría de países occidentales, evita los planteamientos críticos hacia China, poniendo por delante los intereses económicos. No se quiere irritar a un país que desde hace dos años está comprando deuda pública española y en estos momentos es el segundo inversor del mundo, con casi un 20 por ciento del total. El pasado mes de julio, en concreto, el Administrador Estatal de Divisas de China compró unos 1.000 millones de títulos de deuda, de los cuales 400 eran de títulos a diez años. China, que se está desprendiendo, al parecer, de la deuda estadounidense que posee, mira a ahora a Europa y en concreto a España, según dijo Wen Jiabao hace sólo unos días en una intervención en el Parlamento griego.
Además, Zapatero regresó de su viaje a China a finales de agosto, convencido de que mejorarán las relaciones económicas entre los dos países, gracias a las promesas de un aumento de las inversiones españolas en ese país y de las importaciones chinas de productos españoles.
Ante estas expectativas, el Ejecutivo español parece decidido a ponerse perfil y no reclamar a China la puesta en libertad del nuevo Nobel de la Paz.
