El Consejo de Europa avala la objeción de conciencia en abortos

Naturalmente, el resultado de la votación fue muy apretado (56 a favor, 51 en contra y 4 abstenciones) pero la redacción aprobada es muy contundente cuando dice que «ninguna persona, hospital o institución debe ser presionada, culpada o discriminada de ninguna manera por negarse a realizar, acoger, asistir practicar un aborto, un falso parto provocado, una eutanasia o toda intervención que provoque la muerte de un feto o de un embrión humano, cualesquiera que sean las razones».

La resolución ha cambiado hasta su título por el definitivo del «El derecho a la objeción de conciencia en las prácticas médicas legales» y pide precisamente que en la legislación de los estados miembros se «afirme el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia junto con la responsabilidad del estado de asegurar que los pacientes tienen acceso a las prácticas medicas legales a su debido tiempo».

En España la nueva legislación sobre el aborto no ha regulado la objeción de conciencia, lo que ha generado una sucesión de dudas en distintas comunidades autónomas. Según la resolución del Consejo de Europa, organismo paneuropeo de defensa de los derechos humanos con sede en Estrasburgo, no solo los profesionales de la medicina, sino los hospitales o las instituciones como las comunidades autónomas deben tener derecho a regular las fórmulas en las que puede aplicarse la objeción de conciencia en este caso.

La resolución insiste en que los países miembros deben regularlo de manera que las mujeresa que soliciten un aborto puedan ser informadas a su debido tiempo y en su caso irigidas a otro centro de manera que se garantice el acceso a un «tratamiento».Las 89 enmiendas que hicieron posible la modificación fueron presentadas, en su mayoría, por dos parlamentarios del Grupo Popular (PPE), el irlandés Roman Mullen y el italiano Luca Volonté. Votaron a favor los diputados populares y en contra los socialistas y de izquierda radical.

Imponer la ley

Por otra parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, avisó ayer que los ministerios de Igualdad y Sanidad «actuarán» con los recursos de la «Alta Inspección del Estado» sobre aquellas comunidades autónomas donde la Ley del Aborto no se cumpla «satisfactoriamente».