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Policías y militares se levantan en Ecuador contra el presidente Correa

El generalato respalda al Gobierno, que decreta el estado de excepción
Rafael Correa se refugia en un hospital rodeado por los amotinados

Día 01/10/2010
El Gobierno ecuatoriano decretó ayer el estado de excepción y el Ejército asumió la seguridad del país andino, después de que el presidente Rafael Correa fuera atacado durante una protesta de policías y militares que acabó fuera de control. Desde el Hospital de la Policía donde se refugió, tras ser agredido de forma paradójica por los propios policías, Correa calificó de «intento de golpe de Estado» la ola de protestas que protagonizaron miles de agentes por el recorte de sus bonos y otros beneficios.
Correa se comprometió a convocar elecciones generales para apaciguar la revuelta. El presidente no dio una fecha exacta para este proceso, pero no ocultó su decepción por el papel desempeñado por la Asamblea Nacional, en la que su partido, Alianza País, tiene mayoría. «Estoy pensando en elegir otro congreso», anunció el gobernante, tras quejarse de la lentitud de la Asamblea y de su poca capacidad para comunicar correctamente sus decisiones. Los policías también ocuparon la sede de la Asamblea Nacional e impidieron la entrada o salida de quienes se hallaban dentro del edificio. Mientras tanto, unidades militares sublevadas tomaron el control del aeropuerto y la base aérea de la capital.
El jefe del Estado Mayor, Ernesto González, y la cúpula militar manifestaron poco después de los primeros incidentes su respeto por las instituciones democráticas. González aclaró que el presidente es su «máxima autoridad». «Las Fuerzas Armadas, como determina la Constitución, garantizan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ecuatorianos, por eso respetamos el estado de derecho», señaló González en una comparecencia ante los medios en la que invitó a los oficiales sublevados a deponer su actitud.
Las protestas se desataron ayer por la mañana en Quito, después de que en la víspera el Congreso aprobase la Ley de Servicio Público, que reduce 15 millones de dólares en bonos y condecoraciones. El presidente señaló como posible instigador del «golpe» al ex presidente y coronel retirado del Ejército Lucio Gutiérrez, destituido en 2005 por el Congreso.
Gases lacrimógenos
Correa recibió una lluvia de botellas y gases lacrimógenos cuando intentaba salir del Regimiento Quito Número Uno, el mayor cuartel de Policía de la capital. Allí había acudido para dialogar con los manifestantes, a quienes se dirigió micrófono en mano desde una ventana. Sin embargo, lejos de tranquilizar los ánimos de los policías sublevados, el presidente terminó por perder la cabeza a medida que la multitud le gritaba «mentiroso». Visiblemente alterado, se aflojó la corbata y les gritó: «Si quieren matar al presidente, mátenme, aquí estoy». Sus guardaespaldas intentaron sacarlo del cuartel, pero los policías lo impidieron. Un helicóptero enviado para rescatarlo no pudo aterrizar porque los policías tomaron el helipuerto del cuartel.
Sin otra vía de escape, el presidente caminaba entre los policías sublevados con dificultad y apoyado en el hombro de un guardaespaldas y en un bastón, pues aún se recupera de una reciente cirugía de rodilla. Finalmente, fue conducido por una puerta lateral que da al contiguo Hospital de la Policía, que inmediatamente fue rodeado por los agentes amotinados. «Tienen prácticamente secuestrado al presidente, pero son una minoría», aseguró Correa.
Al cierre de esta edición, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, encabezaba una marcha desde la histórica Plaza de la Independencia de Quito hacia el Hospital Militar para «rescatar» al presidente. Mientras tanto, el vicepresidente Lenin Moreno aseguraba que en el Gobierno «nadie tiene miedo de morir, sino de que se frene un proceso de revolución ciudadana» iniciado por Alianza País.
Un contingente de la Fuerza Aérea tomó la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. También se cerraron los aeropuertos de Guayaquil —la mayor ciudad de Ecuador— y de Manta. La multitud saqueó comercios sin control en varias ciudades del país.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida de urgencia en Washington, aprobó de forma unánime una resolución que respaldaba al «Gobierno constitucional» de Correa y repudiaba «cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática».
Nada más conocer la revuelta policial en el país andino, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, advirtió que España «no tolerará ningún tipo o intento de golpe de Estado en Ecuador». Después de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Moratinos subrayó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero «condena cualquier intento de derrocar al Gobierno constituido, a la legalidad existente» y que estará «muy encima» de la situación en Ecuador.
Entre las reacciones de los países vecinos, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunció en Twitter un intento de golpe de Estado en contra de su aliado Rafael Correa y pidió a los pueblos de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) estar «alertas». Más tarde, Chávez anunció una inminente reunión de estos países en Buenos Aires y aseguró que Correa le confirmó por teléfono que se trataba de una intentona golpista. Su homólogo boliviano, Evo Morales, condenó la «vergonzosa conspiración» que afrontaba el país amigo.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, aseguró que su Administración sólo reconoce «como legítimo al Gobierno que encabeza» el presidente Rafael Correa.
Brasil, Chile y Argentina se sumaron a la condena, y el presidente de Perú, Alan García, ordenó el cierre de las fronteras de su país con Ecuador. Estados Unidos y la Unión Europea llamaron a mantener la legalidad institucional.
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