Zapatero hace un guiño a la izquierda y sube el IRPF a las rentas más altas

Esto supondrá que un contribuyente con unas rentas del trabajo de 150.000 euros soportará una subida fiscal de 300 euros al año, es decir, 25 euros al mes. Si los ingresos fueran de 200.000 euros, pagará 1.050 euros más cada año, es decir, 87,5 euros cada mes.

Según explicó Elena Salgado, con esta subida, que afectará a unos 100.000 contribuyentes —135.000 según las últimas estadísticas tributarias— el Estado espera recaudar entre 170 y 200 millones de euros. Pero a esta subida fiscal que aprobará el Gobierno central hay que sumar las ya anunciadas por algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que han creado nuevos tramos en el impuesto con aumentos que llegan hasta cuatro puntos. De esta forma un contribuyente con ingresos superiores a los 175.000 euros pagará hasta el 49% de su renta en esta comunidad autónoma. Finalmente se ha respetado el límite que el Ministerio de Elena Salgado había impuesto para que en ninguna comunidad autónoma se llegue a un tipo máximo superior al 50%, un nivel que en algunos países, como Alemania, se considera inconstitucional.

Junto a esta medida, con la que el Ejecutivo pretende dar respuesta al compromiso de Rodríguez Zapatero de exigir un mayor esfuerzo a los que más tienen, el Gobierno ha endurecido la fiscalidad de las sicav, las sociedades a través de las que las grandes fortunas realizan sus inversiones. Así se introducen medidas para evitar que los accionistas de estas sociedades puedan diferir la tributación. Según explicó Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en principio las plusvalías que obtienen con las sicav tributan igual que los fondos de inversión. Es decir, cuando alguien vende su participación, por las plusvalías que obtiene paga un 19%, si son inferiores a los 6.000 euros o un 21% si superan esta cifra. Sin embargo, los accionistas de estas sicav tenían un subterfugio con el que poder diferir estos pagos. Lo que hacían era cobrar esas plusvalías, no como tales, sino reduciendo el capital de sus sociedades. Ahora esto no se va a permitir.

Antiguos privilegios

Endurecer la tributación de las sicav ha sido una reiterada reivindicación de los inspectores de Hacienda y de la izquierda del Parlamento, que llevaban tiempo denunciado estos subterfugios que privilegiaban a las grandes fortunas frente al resto de inversores. Hasta ahora el Gobierno rechazaba que este colectivo tuviera privilegios frente al partícipe de un fondo, argumento que ahora queda en entredicho.

Con este mismo objetivo, que las rentas más altas paguen más, se endurece la tributación de las prebendas de altos directivos, como las indemnizaciones millonarias por despido, o el cobro de elevados bonus. Así, se modifica la tributación de las retribuciones plurianuales fijando un límite de 300.000 euros a los rendimientos a los que se puede aplicar la reducción del 40% por rentas irregulares. Elena Salgado calculó que con estas medidas el Ejecutivo obtendrá unos ingresos extra de más de 300 millones de euros.

Deducción por vivienda

El proyecto de ley incluye también la eliminación a partir del próximo 1 de enero de la deducción por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes con ingresos superiores a los 24.170,20 euros. Además se equipara el tratamiento fiscal de la compra y el alquiler, de modo que los ciudadanos con ingresos inferiores a estos 24.170,20 euros podrán deducir un 15% del gasto en alquiler. Asimismo, se incrementa del 50% al 60% la reducción del rendimiento por arrendamiento de vivienda, de modo que los propietarios de una casa que la pongan en alquiler solo tributarán por el 40% de los ingresos que obtengan. Se rebaja, sin embargo, la edad del arrendatario a efectos de que el propietario pueda aplicarse una reducción del 100%. Pasarán de 35 a 30 años.

Ventajas para las pymes

Y frente a las subidas fiscales, el Ejecutivo da un ligero respiro a la pequeña empresa. Se reducirá el Impuesto sobre Sociedades para permitir que las entidades de pequeña dimensión que pierdan esta condición por superar el límite de 8 millones de euros de cifra de negocio, puedan seguir aplicando el régimen especial de tributación del que se benefician (pagan un tipo del 25% en lugar del tipo general del 30%). También se modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para declarar exentas las ampliaciones de capital que se realicen en 2011 y 2012.

Y si estas medidas afectan a los ingresos presupuestarios, aunque mínimamente, según reconoce Salgado, las que sí permitirán un ahorro significativo en el gasto son la congelación del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. Según explicó la vicepresidenta, en 2011 subirán un 1% las pensiones mínimas y las no contributivas, lo que beneficiará a unos 3,2 millones de pensionistas. Se congelan, sin embargo, para los cinco millones restantes. Eso sí, si el IPC de noviembre supera el 1%, todos los pensionistas recibirán una paga en enero por la desviación de 2010, y además consolidarán esta subida para 2011.

Sin embargo, los que sí soportarán una congelación absoluta de sus salarios durante el próximo año, y sin compensaciones por la desviación del IPC, serán los empleados públicos, que ya vieron recortados sus sueldos un 5% el pasado mes de junio. También en el ámbito del sector público se reduce la oferta de empleo ya que se aplicará una tasa de reposición del 10% sobre las vacantes generadas en la Administración. Es decir de cada cien funcionarios que se jubilen o salgan de la administración sólo se repondrán 10.