La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 4/2010, el pasado mes de marzo, ha provocado un «problema muy serio de sostenibilidad» en las oficinas de farmacias de toda España al que no son ajenas las de la Comunidad. Así lo aseguró a ABC Jesús Aguilar, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) y del de Burgos.
La racionalización del gasto farmacéutico aprobada por el Gobierno central ha supuesto un problema añadido para los empresarios y profesionales de este sector, debido al nuevo margen impuesto en el importe de los medicamentos genéricos, estimado en un 16 por ciento menos. Esto significa una bajada de precios de los fármacos, que redundará en la destrucción de puestos de trabajo y del tejido industrial, según alertan los farmacéuticos.
En opinión de los profesionales, el Decreto afecta en igual medida a todas las farmacias, pero tiene aún mayor «transcendencia» en las que menos facturan. En este sentido, se ven especialmente perjudicadas las oficinas ubicadas en el mundo rural debido al menor volumen de clientes — en Castilla y León supone el 72 por ciento del total de farmacias—. En éstas, la medida está haciendo un «daño tremento», advierte el presidente de los farmacéuticos de la región.
Además, Aguilar asegura que las actuaciones aprobadas ponen en riesgo a un 25 por ciento de las farmacias, es decir, a 450 de las 1.650 que existen en Castilla y León. Por este motivo, el presidente describe la situación de la prestación farmacéutica como «insostenible» en los últimos meses.
Menos personal
Por otro lado, Jesús Aguilar señala que en Castilla y León el personal de oficina de farmacia, en su mayoría mujeres, es muy «estable». Sin embargo, la situación es ahora más «complicada», por lo que algunas de las grandes oficinas tendrán que plantearse despidos.
El problema de reducción de plantilla no lo tienen los farmacéuticos de las oficinas ubicadas en pequeñas localidades. En este caso, la dificultad estriba en que el sanitario no tiene capacidad de optimizar sus recursos porque no puede reducir más los gastos. El motivo es que la racionalización no es progresiva para unos y otros, sino igual para todos.
En general, este decreto viene a sumarse a medidas de recortes anteriores y, en definitiva, los beneficios de las farmacias se verán reducidos en otro 20 por ciento más, según Aguilar. Otro decreto, relacionado con el anterior y que también afecta a este sector, es el 8/2010 publicado en el mes de mayo, por el que el Gobierno aprobó recortes del 7,7 por ciento en el Sistema Nacional de Salud. Ante todos estos problemas, Aguilar señala que se tienen que tomar medidas por la falta de viabilidad. En este sentido, asegura que, de momento, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla y León están trabajando con la Junta para que se replanteen el servicio farmacéutico en la Comunidad, de forma que se le dé una «estabilidad mínima» en un futuro próximo.
Asimismo, han pedido al Ejecutivo central que sea sensible con Castilla y León, ya que en la región están permitiendo que el medicamento llegue en las mismas condiciones tanto a farmacias urbanas como a las rurales sin diferencia de costes.
