DEL mismo modo que, hace unos años, la presencia de Gaspar Llamazares como coordinador general de IU engrandeció la figura de Julio Anguita, es ahora Cayo Lara quien, por contraste, magnifica la de su predecesor. IU tiene más pasado que futuro y eso es una lástima en un país y unas circunstancias en las que todos quieren instalarse en el centro y olvidan que sin una derecha y una izquierda tan radicales como democráticas, el centro no existe. Carece de sentido y, peor aún, de contenido. Llamazares, una tristeza que anda, se pasea por el Congreso con una chapa en el pecho en la que puede leerse «sí a la huelga». Se supone que es un respaldo a la que UGT y CC. OO. tienen convocada, con anticipación de más y oportunidad de menos, para, en pintoresco contraste, la fiesta de los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Es algo así como si un católico confeso pregonara desde su pechera un «no al pecado». La huelga es un derecho y resulta redundante reclamarla desde la democracia. Otra cosa sería una huelga determinada y concreta que bien pudiera negarse en función de sus contenidos o de sus previsibles efectos nocivos.
Llamazares y otros notables diputados de su cuerda política le han avisado al Congreso que no acudirán al pleno previsto para ese día 29 y eso, en la medida en que me queda capacidad para el escándalo ante nuestro sistema parlamentario y representativo, me solivianta. La solidaridad con quienes propugnan una huelga general, algo, ilegal en muchos países de tradición democrática e imposible en las dictaduras de izquierda, debiera expresarse por un líder de IU acudiendo al Parlamento y alzando la voz a favor de sus próximos y representados.
Llamazares y sus compañeros de grupo parlamentario parecen, por su actitud ante la huelga, tener un entendimiento laboral de su función. Ser diputado, representante de los ciudadanos, es una responsabilidad y un compromiso que no puede ponerse entre paréntesis. No es un empleo y, quizás, ese enfoque equivocado de su tarea explique lo que muchas veces, desde una contemplación democrática no militante, parece el errático vaivén de la familia comunista en sus modos, en sus dichos y en sus alianzas parlamentarias. Solo hay dos grupos de ciudadanos que no pueden, o no deben, hacer huelga el día 29: los parados, esos cuatro millones y pico de trabajadores en grado de frustración que tanto desprecian e ignoran los sindicatos de clase, y los representantes electos en todas las Cámaras y Ayuntamientos de la Nación. Estos últimos nos deben el testimonio expreso, no gestual, de su modo de ejercer el mandato que les hemos dado sus electores.
