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Galicia / invade el dominio público

El Supremo confirma el derribo de la casa ilegal de la ex conselleira de Pesca

Ratifica la sentencia del TSXG que negaba la prescripción de la falta administrativa y la vulneración de la Ley de Costas

Día 14/09/2010
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) acordó el pasado quince de julio desestimar el recurso de casación de la ex conselleira de Pesca, la socialista Carmen Gallego, contra la sentencia del TSJG que declaraba la ilegalidad de su vivienda, un chalé en la parroquia de Riomaior (Vilaboa, Pontevedra) por estar levantado dentro de la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre, y que ordenaba su demolición como fórmula para la reposición de la legalidad.
En un auto comunicado a las partes el pasado 6 de septiembre, el TS no entra en el fondo de la cuestión por no haber lugar a casación al afirmar el magistrado ponente, José Manuel Sieira, que el valor de la sentencia que se pretendía recurrir no superaba los 150.000 euros, requisito establecido en la ley de este orden jurisdiccional. Así, indica que en el expediente administrativo consta un valor de 12,3 millones de pesetas, «lo que hace que, aun computando los gastos de demolición, sea razonable presumir que la suma no alcanza el límite cuantitativo legal para que la sentencia sea recurrible en casación», por lo que «se declara la inadmisión del recurso interpuesto».
De este modo se reviste de plena firmeza la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el ocho de octubre de 2009, en la que tras un recurso de la asociación ecologista «Salvemos Pontevedra», se consideraba ilegal la vivienda de Gallego al invadir el dominio público. Además, se afirma que «la Administración deberá proceder a la demolición de lo construido ilegalmente», acción que en este caso recaerá en la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU).
La sentencia del TSJG ponía de manifiesto que la vivienda estaba recogida «como suelo no urbanizable de núcleos rurales tradicionales», según la clasificación de la legislación autonómica vigente, y que por tanto «no puede sostenerse que el referido terreno estuviese clasificado como urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas a efectos de aplicación» y que prohibía la nueva construcción en los primeros cien metros del litoral, una vulneración que «no fue discutida».
Ante el argumento esgrimido por la defensa de Gallego sobre la falta de legitimidad de la asociación ecologista para personarse en el caso, el Superior recordó que «los particulares pueden demandar a la Administración que actúe en defensa del dominio público ante actuaciones que supongan una infracción de la normativa dictada para su protección».
Igualmente, el Tribunal Superior recuerda a la Xunta que «una resolución administativa, aunque sea firme, no defiende el dominio público marítimo-terrestre si no se ejecuta», y establece que «la declaración de que se debe proceder a la demolición de lo construido ilegalmente supone la existencia de una sentencia de la que se puede pedir su ejecución forzosa si la Administración no procede a su resolución firme».
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