De pronto, todo un conjunto de organizaciones sindicales ha puesto en marcha un proceso, no rectificado en Rodiezmo, que debe llevar a una huelga general el 29 de septiembre de 2010. La gran pregunta es si esta movilización se efectúa en favor de los trabajadores, o en favor de la permanencia del poder sindical en el conjunto de nuestra economía. Una y otra vez deben quedar claras dos cosas. La primera que el mito de la huelga general para culminar la liquidación del capitalismo, fundamental en el anarcosindicalismo, ha pasado a mejor vida. El mundo entero gira cada vez más hacia la economía de mercado si es que quiere prosperar. Una prueba colosal la tenemos en la radical evolución, en ese sentido, de China. Por tanto, ahora una huelga general, y en concreto la española, sólo tiene su explicación para mantener un poder, el sindical, que se agrieta con fuerza. De algún modo no es posible olvidar las declaraciones del profesor Fuentes Quintana a Rosa María Echevarria, publicadas en «Blanco y Negro» el 5 de marzo de 1994: «El principal partido político que hay en el país lo forman los sindicatos, dedicado con exclusividad a defender a sus afiliados». Y José Luis Malo de Molina completaría ya entonces la cuestión al escribir: «Las actitudes puramente defensivas de los sindicatos frente a las necesidades de adaptación del marco institucional, colocan a los sindicatos en una posición conservadora, enfrentada al progreso social».
Da la impresión de que, para conseguir un apoyo popular que se esfuma, los argumentos que se manejan bordean el ridículo. Por ejemplo, frente al calzado de los ricos se habla de «las alpargatas de los obreros». A Enrique Castro Delgado, el conocido dirigente comunista, jefe del famoso 5º regimiento de Milicias Populares cuando regresó de su exilio, le pregunté cuál era la diferencia esencial que había encontrado en España al volver. Precisamente me dijo, lo que muestra lo absurdo de la frase anterior: «Pues que dejé a los obreros con alpargatas, y me los encontré con zapatos».
Pero mantener sin cambios la situación laboral, que es lo que pretenden los sindicatos, crea un conjunto de consecuencias que precisamente, perjudican a los trabajadores. En primer lugar, véanse algunos datos ofrecidos en el excelente trabajo de Matilde Mas Ivars y Juan Carlos Robledo Domínguez, «Productividad. Una perspectiva internacional y sectorial» (Fundación BBVA, 2010). Muestran que en 1995, el coste laboral por unidad de valor añadido neto español era más bajo que el alemán, que el austriaco, que el belga, que el finlandés, que el francés, que el holandés, e igual al danés y al japonés. Y en 2005 había pasado a ser mayor que el alemán, que el austriaco, que el belga, que el danés, que el finlandés, que el francés, que el holandés, por supuesto que el japonés y también que el sueco, que el australiano, y desde luego que el norteamericano. Esa carga inflacionista elimina la competitividad, y eso, en una economía tan abierta como la española, que se encuentra en el seno de la Unión Europea y en la zona del euro, provoca que las empresas se hundan y que surja, potente, el paro.
Los muy recientes estudios econométricos que han hecho, y que nadie ha dicho que estaban equivocados, efectuados por los profesores Romero Ávila y Usabiaga, de la Universidad Pablo de Olavide, por el profesor Becker, de la Universidad Rey Juan Carlos, y por Javier Andrés, José A. Bosd, Rafael Doménech y Javier Ferri, éstos en el artículo «Creación de empleo en España: ¿cambio en el modelo productivo, reforma del mercado de trabajo, o ambos?», publicado en julio 2010, en «Papeles de Economía Española», nº 124, evidencian que aun creciendo la economía española un 2%, ésta crea desempleo. Sencillamente, se ha engendrado lo que en el trabajo de Khemraj, Madrick y Semmler, «Okun's law and jobless growth» (Schwartz Center for Economic Policy Analysis, 2006) se denomina una economía de «jobless growth», esto es, capaz de crecer pero generando simultáneamente caídas de empleo
El afianzar ese proceso, al respaldar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, refuerza efectivamente el papel de los sindicatos considerados «más representativos», así como el papel de la «negociación colectiva» y, como dice Linde de Castro en «La crisis de la economía española y las reformas necesarias» (Colegio Libre de Eméritos, 2010) hace más importante «su influencia determinante en la fijación de las condiciones económicas en que deben desenvolverse las empresas», que es precisamente, lo que acaba generando desempleo. Y provocar paro es lo que más perjudica, lógicamente, a los trabajadores.
