La nueva marcha atrás de Salgado, que ha reabierto la puerta del endeudamiento a los ayuntamientos cuya deuda viva no supere el 75% de sus ingresos corrientes, ha vuelto a demostrar que la alegría va por barrios, especialmente si son feudos socialistas. Así, mientras el presidente andaluz, José Antonio Griñán, o el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, celebraban una decisión que favorece a capitales gobernadas por el PSOE, como Sevilla o la Ciudad Condal, los regidores de Madrid y Valencia, que seguirán con el grifo de la financiación cerrado, pusieron el grito en el cielo por los baremos escogidos por el Gobierno.
La regidora valenciana, la popular Rita Barberá, anunció incluso que emprenderá medidas legales contra el nuevo criterio de endeudamiento. La alcaldesa considera que se trata de «una argucia electoral» que «incurre en arbitrariedad» y «vulnera» los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera. Barberá reivindicó que «el límite legal de endeudamiento se sitúa en el 110% de los ingresos corrientes» y que, de hecho, esa barrera se elevó al 125% en la ley de Presupuestos de 2009. La dirigente popular acusó al Ejecutivo socialista de cometer «una nueva arbitrariedad irresponsable» para «hacer llegar recursos a Barcelona y a Sevilla» y «ganar votos» en ambas ciudades porque «sabe con certeza que va a perder esos gobiernos» en las próximas elecciones y, «a la vez, desprestigiar a Madrid y Valencia, que son los dos grandes feudos seguros del PP, que el Gobierno sabe que no va a tener», informa C. R.
Barberá dice que es una arbitrariedad para ganar votos
En la misma línea crítica, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, apuntó a Zapatero de orquestar «una maniobra de distracción política» por dedicarse a airear la deuda de los ayuntamientos «cuando ésta —dijo ayer—supone sólo el 5%. El otro 95% , y eso es lo que calla, es culpa fundamental del Estado y, en menor cuantía, de las Administraciones autonómicas. El alcalde, que recordó que «Madrid no se ha endeudado en 2010 y no lo hará en 2011», exigió al Gobierno central que «sea valiente y dote a las administraciones locales de esa ley de financiación que, por mandato del Congreso, está obligado a elaborar. Hay un incumplimiento lega, y eso no se dice». Gallardón no entró a si el Ayuntamiento de Madrid va a tomar medidas legales contra la nueva medida de endeudamiento pero sí afirmó: «En los dos últimos años quienes han incrementado de forma descomunal la deuda ha sido el Gobierno», informa M. I. Serrano.
En claro contraste con la indignación de los barones populares, desde Barcelona, el alcalde socialista, Jordi Hereu, aseguró que la decisión del Gobierno es «una buena noticia» que comporta que «nos podremos endeudar más para invertir». «En el caso de Barcelona, nos añade más margen al Plan de Austeridad que aprobamos en julio con el que ya garantizamos la inversión en el 2011», afirmó.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, tampoco podía ocultar ayer su satisfacción, en el transcurso de un desayuno en el Senado con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, porque los ayuntamientos puedan volver a endeudarse. Una alegría que tenía su lógica, ya que permite respirar a algunos consistorios andaluces, como son los casos de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, que mantienen un alto nivel de endeudamiento, aunque no supera el 75%. Griñán aseguró que la medida es «razonable», pero insuficiente, ya que reclamó al Gobierno que se aplique también a las Comunidades con menor deuda. Mientras, en la otra acera política, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, calificaba de «chapuza» el nuevo margen de endeudamiento y otra muestra de improvisación del Gobierno.
Salgado asegura que la medida se produce porque hay un margen
Para añadir más confusión, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, aseguró ayer que el Ministerio de Economía podría autorizar «excepcionalmente a Madrid y Valencia la posibilidad de generar nuevas inversiones» mediante un nuevo endeudamiento si justifican que tienen capacidad de generar recursos para pagar la deuda que puedan contraer.
