Tras «dos años de confusión e incertidumbre», los nietos del que fuera primer presidente de la Segunda República, Niceto Alcala-Zamora, siguen luchando para evitar el expolio del legado de uno de los políticos españoles más relevantes del siglo XX.
Como los lectores recordarán, en una operación desarrollada el 5 de diciembre de 2008, la Guardia Civil se incautó de estos papeles en Valencia, cuando su depositario, el empresario Mario Soria, negociaba para venderlos a un historiador. Los documentos habían llegado a manos de Soria a través de su padre, fallecido en 1978.
Constituye este legado un total de 1.200 documentos, que pueden arrojar una nueva luz sobre algunos de los episodios más polémicos de la historia de España. El legado incluye cartas personales, manuscritos y discursos del político, pero también sus memorias y los diarios que escribió durante su etapa como presidente de la II República entre 1931 y 1936.
Aunque el Ministerio de Cultura en alguna ocasión haya sugerido que ha «comprado» por 80.000 euros este legado, en la carta abierta que ayer publicaba ABC, José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, nieto de Don Niceto, afirmaba que «en el momento que redacto estas líneas no ha concluido el procedimiento judicial y, por consiguiente, carecen de fundamento, hasta donde yo sé de estos misteriosos asuntos jurisdiccionales donde se imbrican contra natura los poderes de jueces y políticos, las notas periodísticas que comunican al público, a partir de no se sabe qué fuente o qué travieso instigador, la compra o el destino de las Memorias de Alcalá-Zamora».
Lo cierto es que, tras su incautación por parte de la Guardia Civil, éstas se guardan en el archivo del Ministerio de Cultura mientras los papeles del pleito —siempre según argumentaba el heredero de Alcalá-Zamora— los estudia un juzgado valenciano, que aún no ha fallado a quien corresponde la propiedad de los mismos, si a quienes lo custodiaron desde que fueron sustraídos de la caja fuerte
de la sede central de Crédit Lyonais durante la Guerra Civil; los herederos de Alcalá-Zamora; o el Estado español, por haber sido su redactor presidente de la República y contener este legado un dietario en el que daba cuenta día a día de su quehacer al frente de la Jefatura del Estado.
Para tan crucial decisión, el Juzgado que entiende este caso seguramente habrá de tener en cuenta la ampliación que el propio Alcalá-Zamora hizo de su testamento (que reproducimos íntegramente sobre estas líneas) y en la que señala a su esposa, Pura Castillo, y a sus tres hijas: Pura, María Teresa e Isabel, como depositarias de ese patrimonio documental y defensoras de su patrimonio moral, así como benefiaciarias de los ingresos que su venta pudiera producir.
Silencio en Cultura
Por otra parte, pese a la serias acusaciones que Alcalá-Zamora y Queipopo de Llano hiciera contra el Ministerio de Cultura en la carta, éste ayer no quiso pronunciarse, pese a los requerimientos hechos por ABC. Como los lectores recordarán, entre otras cosas, el heredero de Don Niceto denunciaba que se había permitido el acceso a los documentos a algunos periodistas cuando se había prometido que nadie lo haría mientras la Justicia no se pronuncie sobre cuál ha de ser su destino final.
