Querido amigo Rogelio. Digo amigo porque así te considero desde aquellas conversaciones, más madrugaderas que matinales, que manteníamos hace tres o cuatro años sobre temas históricos y literarios, cerca del Ministerio de Cultura. Todavía conservo con aprecio grande —considerando la miserable vanidad tan propia de los escritores, no tengo por qué disculparme— aquella carta con que respondiste a uno de mis libros de poemas, diciéndome que me considerabas «el mejor sonetista de la lengua castellana».
Pero vayamos al grano, que en esta ocasión se refiere a materia menos grata. Durante la segunda quincena de julio, y tras una tensa conversación telefónica contigo, en la que me negaste la copia o la consulta de un par de textos del fondo documental de mi abuelo Niceto Alcalá-Zamora, ese Ministerio desde hace dos años, so pretexto del proceso judicial que las afectaba y del rigor de su custodia e inaccesibilidad que siempre me garantizabas en nombre del Estado (aunque yo, perdona, no te creyese demasiado), fueron apareciendo en varios periódicos diversas «informaciones», en general imprecisas y hasta contradictorias, sobre la situación y destino —Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Memoria Histórica— de las referidas «Memorias», o «Dietario», y documentos anexos. También recibí, declinando casi todas, ya que detesto la publicidad, diversas invitaciones para «explicar» el asunto y el absurdo del retraso incomprensible, aun tratándose de la parsimonia y negligencias tan frecuentes en la burocracia judicial, de un tema de gran interés, si económico ya no, histórico desde luego. Hoy, a punto de concluir el letargo o laguna informativa de agosto, quiero manifestarte mi preocupación por este asunto, tan entrañable para mí.
Dividiré mi exposición en cuatro tramos, para mayor claridad.
1. ¿Qué es y cómo se formó el fondo documental Niceto Alcalá-Zamora en litigio? Repito lo que ya se ha dicho y se sabe, para quienes no lo conozcan, pues no he podido ni tocar esos papeles. Básicamente, lo constituyen una «Memoria» de intención autobiográfica, iniciada en 1918, poco después de su primer ministerio y su «Dietario de un presidente», que contiene noticia de su gestión política y sucesos más destacados, al parecer casi día por día y sin posterior manipulación para «actualizarla» ideológicamente, según uso habitual de los políticos de entonces (y de siempre). Acompañan a dichos escritos principales, piezas justificativas tal vez muy importantes para esclarecer temas tan espinosos como la revolución del 34 o las quizá fraudulentas elecciones de 1936, y diversas cartas particulares.
El interés de esta fuente excepcional es, obviamente, muy grande si no fuere objeto de recortes, amputaciones o estúpidos comentarios marginales, según hicieron sin ningún escrúpulo, ciertos personajes y personajillos del periodo epigonal de la II República. He de añadir, por último, que al frente de esa documentación figura una carta en dos cuartillas, donde Alcalá-Zamora designa a sus herederos, como únicos y legítimos propietarios y administradores de tales papeles, que —tal es su voluntad, con la que me siento vinculado por entero— deben servir al objeto de defender su figura y quehacer político de los ataques y falsedades de que, y se manifiesta con palabras de una gran amargura, está siendo objeto, como representante de esa tercera España, cuyas razones esgrime en «L'Ére nouvelle» del 12 de mayo de l937, tras haber ratificado semanas antes, 14-XI-36, su absoluta identificación, «sin temor de confesarla» con los «valores democráticos en aquella crisis mundial de ideologías, cuando parecían desfasados y amenazados». 2. Desde los golpes de Estado del siete de abril (parlamentario) y 18 de julio (militar) hasta el robo de las «Memorias» perpetrado por el ilegítimo Gobierno de la República, en febrero de 1937.
La legitimidad democrática de la II República, se liquidó, a mi juicio, que han compartido conmigo varios ex diputados de aquellas desdichadas Cortes del 36, con la arbitraria y escandalosa destitución del Jefe del Estado y, a partir de entonces, los intentos de aniquilar al contrario por la fuerza se volvieron ineludibles, con todo el horror de la violencia y el temor y angustia de ser eliminado por las armas del adversario o por una asquerosa delación de los unos o los otros. Y así España desembocó en la mísera dictadura, porque «Dios era un gracioso», como decía el chiste de época, de un personajete de cuarta división.
El sobrevaloradísimo e ilegítimo presidente Azaña, famoso por su cobardía en 1930 y 1939, permitió que sus secuaces violasen las cajas fuertes del Banco de España al inicio de la Guerra Civil, botín que, por cierto, acabó siendo utilizado, en buena parte, no «para los comunes provechos», sino para los «particulares», en otra página negra de nuestra picaresca política. Sin embargo, no se alcanzó uno de los objetivos de mayor interés de aquellos desvalijadores: las Memorias de Alcalá-Zamora, que él había guardado en una caja fuerte del Banco de que era abogado, el Crédit Lyonnais. Finalmente, la inevitable confidencia, permitió a tan ejemplares demócratas, proceder, con alevosía y apalancamiento, al forzamiento del depósito. Sumando un nuevo delito, el de violación de la propiedad intelectual, los meritorios individuos no tuvieron el menor empacho en publicar, repito, «recortadas», «aderezadas» y «completadas», con la añadidura de soeces comentarios e injurias, buena parte de las «Memorias» de una, sin duda, de las figuras más nobles y éticas de aquella malhadada República.
3. Secuestro y desaparición de las Memorias o Dietario (1939 a hoy). Aunque los sé, no voy a dar nombres ahora, ni tampoco es indispensable. Sólo diré que, con toda certeza, las «Memorias», como suele suceder en situaciones semejantes, fueron a parar, junto con otros objetos valiosos, sobre los que, desde luego, ha caído el velo jurídico de la prescripción, en manos de un «funcionario» o empleado administrativo del agonizante gobierno repúblicano, en su sede valenciana, quien, al parecer también simultaneaba la oculta condición y próspera doble identidad de agente del Caudillo, lo que le permitió, probablemente entre otros pingües beneficios, guardar con esmero cuidadoso, eso sí, aquellos papeles, a la espera de que el tiempo les otorgase un valor económico interesante.
Digamos, en un libre ejercicio de imaginación, que quizá aquel individuo falleciera y que sus herederos conocieran o encontraran aquel pequeño tesoro, con que salvar algún apurillo o concederse algún capricho razonable. Y que intentasen, en su ingenuidad, vender los papeles a alguna editorial, que no concedió oídos al postulante, bien por su escasa credibilidad, bien temiendo que los herederos intervinieran aquella edición pirata, reventando el negocio. En fin, que en una de tales tentativas, la familia, mi hermana y yo, para ser más concretos, denunciamos aquello, a fines de 2008 y en un cinematográfica operación a cargo de los servicios centrales de la Guardia Civil, a la que proporcionaría la «gloria» efímera de tres minutos de telediario, se «recuperaron» malamente, por cierto, pues van a cumplirse dos años de confusión e incertidumbre sobre la titularidad, destino y seguridad de este tan precioso fondo documental.
4. Situación actual. Las Memorias incautadas por la Guardia Civil, se constituyeron en depósito bajo tu custodia y demás, en el archivo del Ministerio de Cultura, mientras los papeles del pleito pasaban a un Juzgado valenciano, cuya escasa diligencia en la resolución de un caso tan sencillo de apropiación indebida, nunca termina de ofrecernos el pertinente fallo, retrasando lamentablemente la publicación de unos papeles que el pueblo español tiene derecho a conocer, sin filtrajes, lo antes posible. En el momento en que redacto estas líneas, no ha concluido el procedimiento judicial y, por consiguiente, carecen de fundamento, hasta donde yo sé de estos misteriosos asuntos jurisdiccionales donde se imbrican contra natura, los poderes de jueces y políticos, las notas periodísticas que comunican al público, a partir de no se sabe qué fuente o qué travieso instigador, la compra o el destino de las Memorias de Alcalá-Zamora.
Tres somos las partes que pretendemos, como bien sabes, amigo Rogelio, que se nos reconozca la propiedad de las «Memorias» y disposición de ellas. Una, los detentadores, hasta el año 2008 del texto, quienes desean se les devuelva, para negociar, como al parecer también han hecho con el Ministerio, precios. En segundo término, la Administración, a la que representas como miembro conspicuo del Ministerio en lo que toca a estos negocios y como persona que dispone de, al menos, alguno de los accesos a la Caja fuerte donde me asegurabas, se hallaban segurísimos de curiosidades improcedentes, entre las que incluías la mía, hasta que el Juzgado atribuyese la pertinente titularidad de los fondos. Y, por último, mi reclamación, coincidente con el lógico y natural cumplimiento de la voluntad de mi abuelo. Ni pretendo hacer negocio, con problemáticos derechos editoriales, que habría de compartir con otros intervinientes y herederos ni limitar la difusión de los textos ni su integridad, sino sólo evitar su manipulación y cumplir la voluntad de mi abuelo, luchando, desde la absoluta objetividad del historiador profesional que soy y no aventurero ignorante o profesional de los garitos metodológicos ideologizados, por la defensa de su honor, figura y razones, según nos encomendó a sus descendientes.
Y el Gobierno español, quiero decir su Administración, que muestra tan desmesurado interés en la disposición del volumen más importante y sensible del fondo documental, relegándonos a los legítimos herederos a la condición de simples receptores de la correspondencia privada de menor enjundia, ¿a qué juega? Desde luego sin elegancia ninguna, por las dudas que suscita inmediatamente su decidido interés por ofrecer otra prescindible versión maniquea de nuestra guerra civil, pues cualquier leve sospecha en este sentido, debería bastar a cualquier demócrata para desistir del tema, pero los hay que se piensan perpetuos y cuya piel, cara y cuerno de rinoceronte nada altera.
No me gustaría, ni creo fuera bueno para nadie, que la presunta izquierda de hoy perpetrase y repitiera actuación tan ignominiosa 73 años después y tal delito contra la propiedad intelectual y, ahora, además, asumiendo esta presunción de fraude historiográfico. Semejantes conductas no son éticas, sino oportunistas y vergonzosas, que deberían, aunque sean asuntos quizá poco aparentes, en un país con auténtica conciencia democrática conducir al total descrédito y ruina política de quienes así se condujeran.
Ratifica mis peores temores en este sentido y me confirma en el engaño de que me has hecho continuado objeto en lo que atañe a tus palabras y promesa de respetar respecto a todos la prohibición de consultar cualquier documento del legado, un reciente artículo periodístico, publicado en el diario «El Mundo», de fecha 25 de julio pasado, donde Fernando Sigler Silvera, «historiador experto en la II República y la masonería» escribe tres páginas sobre un oscuro capitán, perteneciente a dicha organización, fusilado en León por los franquistas en agosto del 36, sin mayor culpa, tal vez, que su pertenencia a dicha masonería, aunque sólo con el grado tercero, muy lejos del «sublime» 1933, y haber solicitado de Martínez Barrio el mando de los guardias de asalto de esa capital. Este oficial, abuelo de Rodríguez Zapatero y figura cuyas vicisitudes biográficas no es probable interesasen al jefe del Estado republicano en aquellos críticos momentos de la vida nacional e internacional, enfrentada a una pavorosa crisis económica y política, sin embargo nos permite comprobar hasta qué punto ha sido descaradamente manoseada, consultada y utilizada fraudulentamente la documentación de mi abuelo, vulnerando con tal proceder la confianza institucional en que tanto me insistías y, lo que es más grave, el secreto de una pieza procesal sub iudice.
Llegados a este punto, no tendría mayor trascendencia moral, y ello eriza mis cabellos historiográficos, que algún papelillo «incompatible» con la versión, a vuestro juicio «correcta o canónica» de nuestra Guerra Civil del 36, se «extraviase» o «no hubiese existido nunca», duda razonable que una conducta irreprochable, dando, con recomendado visto bueno judicial, una pormenorizada relación y aún condicionada fotocopia y depósito notarial de los fondos, hubiera evitado, y a ti esta sonrojante situación de ser parte tan interesada y, a la vez, depositario sospechoso del tesoro.
Quizá, así lo espero, dentro de algún tiempo, no mucho, según ando, nos volvamos a ver en otras circunstancias «menos institucionales», porque todo pasa, y entonces comentemos, mi querido amigo estos para mí fastidiosos momentos, con ojos y labios menos airados y hasta, quizá, irónicos, perdonándonos como en tantos ultílogos de nuestra Comedia áurea, y con precisas palabras del de La vida es sueño: «nuestras faltas, pues de pechos nobles es tan propio perdonarlas».
JOSÉ ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO
