Carlos Juncal, Xos A. Muos, Virginia Pereiras y Celia Monasterio, trabajadores integrantes del Plan Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Vigo, presentaron ayer en el Juzgado de Guardia una denuncia contra el interventor municipal, Benjamín Suárez Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y desobediencia.
Los empleados alegan que Suárez se niega a cumplir los requerimientos de los Juzgados de lo Social para hacer efectivas retribuciones adeudadas a los demandantes, al tiempo que impide que tanto los órganos de gobierno muncipal como el propio alcalde efectúen el pago de la nómina mensual de agosto a pesar de que el alcalde de la ciudad dictó un Decreto de excepcionalidad precisamente para abonar dichas nóminas.
El abogado de los demandantes, Gustavo García, expuso en declaraciones a este periódico que «ya no es sólo que no quiera pagarles el sueldo que ordena el juez, es que no les paga ningún sueldo». De ahí la demanda, por supuesta desobediencia: «Hace meses que los juzgados ordenaron que se pagara a los trabajadores y él continúa oponiéndose».
Para el letrado que defiende los intereses de los trabajadores, los argumentos jurídicos que emplea Suárez en sus informes para justificarse son «disparatados y descabellados», por lo que lo que cuatro de los catorce empleados afectados decidieron sumar a la demanda por posible desobediencia la de presunta prevaricación.
En este sentido, explicó el abogado, el interventor alega que «si los juzgados dicen que es un fraude de ley haber contratado a estos trabajadores como temporales, también sería un fraude pagarles».
Meses de litigio
Ésta ha sido la última demanda, pero el conflicto con el interventor del concello se remonta meses atrás, cuando un juez dictaminó que los empleados a los que el ayuntamiento contrató como temporales, dada la naturaleza permanente de las tareas ejercidas, debían ser considerados trabajadores por tiempo indefinido. La sentencia condenaba al ayuntamiento a pagar las diferencias salariales del año anterior a que se reclamase y a que, a partir de ese momento, la retribución laboral fuera acorde a su condición de trabajador indefinido. El plazo que se dio entonces para efectuar el pago fue de 10 a 15 días.
Pero Benjamín Suárez redactó una serie de informes, según explicó Gustavo García, en los que planteaba la necesidad de diferentes modificaciones administrativas para poder cumplir con los requerimientos de los juzgados. Con la finalidad de sortear las sucesivas trabas para regularizar las nóminas de los empleados afectados dictó el alcalde el citado «Decreto de excepcionalidad» a finales del mes pasado, al que Suárez también se opuso. E incluso advirtió al alcalde del reparo, hecho que García considera «un procedimiento administrativo muy grave que, en 30 años, no se había hecho nunca».
Reproches
En función de estos hechos, el abogado de los trabajadores confesó considerar que «con tales argumentaciones, que no se corresponden con la situación que es, Suárez está reprochando a los jueces su decisión. Gustavo García agregó además que «juzgar lo que dicen los jueces no le corresponde a un interventor». Las represalias, apuntó el letrado, también parecen «ir dirigidas a los trabajadores, y sólo por reclamar lo que por derecho les corresponde».
El representante de los trabajadores apuntó que los posibles motivos que podría tener Suárez para empeñarse en que no se cumpla lo dictaminado por la Justicia puden ser personales. Y explicó que «su hija fue suspendida en el concurso para una plaza en la gerencia de Urbanismo habiendo hecho un examen, mientras que a estas personas se les quiere meter en plantilla directamente». Estas razones, aseguró, llegó a manifestarlas el propio interventor en una ocasión.
«Este podría ser un argumento; ha tenido enfrentamientos con todos», añadió García; pero «lo que es objetivo es que los argumentos que emplea son una barbaridad». Entre tanto, el interventor alega «cumplir con la norma de la administración».
