«Mire, aquí quien manda es el narco: en los gobiernos municipales, en las policías y, también, en la prensa, o eso pretende. Los cárteles pretenden que informemos de lo que ellos dictan. Hay dos opciones: obedecer o sacar la “nota roja” de nuestros medios», dice bajo anonimato el editor de un medio de Tamaulipas, estado mexicano donde la violencia campa a sus anchas.
En la otra costa del país, en Sinaloa, las instalaciones del periódico «Noroeste» han sido ametralladas por unos sicarios, quienes exigen 200.000 pesos (12.000 euros) a cambio de no volar la sede del diario en Mazatlán. Rodolfo Díaz Fonseca, su director editorial, sentencia: «No hay condiciones para informar, no hay garantías para realizar nuestro trabajo». Rolando Bon López, subprocurador de Justicia, atribuía el ataque a que «Noroeste» se negó a publicar «cierta información».
La libertad de expresión en México está amenazada por el crimen organizado y por la impunidad, coincidieron días atrás los relatores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, y de Naciones Unidas, Frank LaRue. En algunas zonas los medios locales han decidido dejar de informar sobre la violencia, y hay comunidades «totalmente silenciadas porque los medios de comunicación locales decidieron autocensurarse por miedo a represalias».
LaRue insistía en que México se ha convertido en el país americano más peligroso para el ejercicio del periodismo. Desde el 2000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 64 muertes de comunicadores y 12 desapariciones, aunque «sabemos que el número real es mucho mayor». Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 56 periodistas han sido asesinados en los últimos cinco años. Ricardo Trotti, su director para la libertad de prensa, compara México «con países en guerra como Irak o Afganistán».
En un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que hoy se hace público, se insiste en que «México es uno de
los países del mundo más letales para la prensa y uno de los peores en materia de investigación y esclarecimiento de delitos contra periodistas». Según el CPJ, «el gobierno está perdiendo tanto la guerra de la información como la guerra en las calles. A menos que emprenda acciones enérgicas, los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es». Para colmo, «una impunidad sistemática se encuentra arraigada a nivel estatal y municipal».
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